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Jueves , 21.02.2019 / 06:24 Hoy

Columna de Alejandro González

Antes de un "tarifazo" que se transparenten las concesiones camioneras

Alejandro González

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El transporte urbano es el tema desde el inicio del año y debería ser el tema el resto del sexenio.

Un buen transporte público, estimado lector, mejora la salud de los ciudadanos, disminuye el impacto ambiental y libera las calles de embotellamientos.

Pero el transporte público en Monterrey y zona metropolitana es muy costoso (uno de los más caros de México, nada más en Baja California es más alto), y a pesar de eso, no es negocio. Bueno, eso dicen los pobres empresarios del transporte que están pidiendo aumento a las tarifas, no les alcanza para pagar bien a sus empleados, no tienen dinero para reparar las unidades descompuestas, no pueden comprar nuevos camiones y mucho menos pueden evitar que contaminen tanto…

Una de las tarifas más altas de México no les alcanza. Cuando uno los escucha con estos argumentos, en verdad, amigo lector, dan ganas de echarse a llorar: pareciera que están en el negocio por hacernos un favor, ellos no ganan nada, lo hacen por la gente…

Según dicen estos nobles y bondadosos empresarios, los aumentos del diésel, el aumento del salario mínimo, los transportes piratas y el crecimiento desmedido de la ciudad son la causa de su ruina, de sus problemas.

Y lo peor, estimado lector, el gobierno les compra sus argumentos a ciegas:

“La idea, en términos generales, es lograr que los señores empresarios salgan adelante de la problemática, de la crisis que viven y lograr por el otro lado que los usuarios no se vean maltratados en su bolsillo”, dijo Manuel González, secretario general de gobierno.

Para el gobierno la idea es ayudar a los transportistas buscando apoyos fiscales donde se les disminuya el IEPS que tiene el diésel o usar el Fondo de Hidrocarburos y hasta hacer reducciones del ISN. Pues qué consentidos están estos señores empresarios.

La verdad de las cosas, amigo lector, es que si no les alcanza es tal vez porque son muy malos empresarios o son muy atenidos a que el gobierno los consienta.

La semana pasada, diferentes diputados locales coincidieron en señalar que los permisionarios o empresarios del transporte urbano deben de transparentar los ingresos que obtienen producto del servicio que prestan, por tratarse de una concesión pública.

Ya para quitar dudas y por tratarse de una concesión del estado, se deberían transparentar sus operaciones, ingresos y gastos, plan de desarrollo comercial y proveedores.

Varios diputados locales ya mencionaron el tema y esperemos que lo lleven al pleno pronto y se aplique, porque de esta forma se podrían hacer varias cosas.

Si fueran transparentes las operaciones podríamos conocer la utilidad real de los empresarios del transporte y con ello fijar la tarifa justa para ellos y los usuarios.

Pero también podríamos conocer el buen o mal manejo de los empresarios, como para retirarle la concesión a quienes son malos para manejar el negocio, esos que desangran las utilidades, no planean la compra de las nuevas unidades, los que compran refacciones usadas o simplemente quienes no dan un buen servicio.

¿A cuántas rutas se les ha retirado su concesión desde que se otorgaron los permisos? A ninguna. Parece que son vitalicias e intocables. Malo el cuento.

Las organizaciones civiles están preparando marchas contra el tarifazo, el PRI asegura que tiene listos 5 mil amparos contra la nueva tarifa. Está muy bien hacer un frente común contra el abuso. Pero si consiguen que los transportistas sean transparentes en sus operaciones, tendríamos más elementos de control, sería visible lo que necesitan y no habría necesidad de hacer amparos ni movilizaciones. Antes que nada, que los concesionarios sean transparentes… o usted, ¿qué opina?


alejandro.gonzalez@milenio.com





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