Por: Carlos Bravo Regidor
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Sería ingenuo pensar que los únicos destinatarios del desplante presidencial son Zaldívar y el juez Gómez Fierro. Porque el mensaje también va dirigido a todos los jueces que, en las próximas semanas, tendrán que procesar lo que promete volverse una avalancha de amparos contra una reforma francamente muy endeble. Al carecer de una sólida argumentación jurídica para sostenerla, López Obrador está apostando por ejercer presión política. Se entiende que el ministro Zaldívar trate de ser prudente, pero ante la magnitud de la ofensiva que ha lanzado el mandatario es imposible no interpretar esa prudencia como un titubeo, incluso como una manera discreta de renunciar a hacer una defensa más enérgica de la autonomía de los jueces y del valor de la función judicial. ¿Acaso la ocasión no lo amerita? ¿No le debe Zaldívar a los jueces un mensaje público en el que se ponga firmemente de su lado y les ofrezca certidumbre para que desempeñen su trabajo con profesionalismo e integridad, para que no se dejen amedrentar?
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