Por: Valeria Gutierrez Vega y Brenda Valencia Medina
Ilustración: Fabricio Vanden Broeck, cortesía de Nexos
La estrategia de seguridad en el estado ha concentrado al aparato policial en detenciones por delitos menores que no han comprobado relación directa con la prevención; por el contrario, han generado el incremento de detenciones arbitrarias, entre otras prácticas violatorias de derechos humanos. En este contexto se ha promovido, desde el discurso oficial, la idea de que entre más policía exista y más detenciones se realicen más seguro será el estado. Esto tiene implicaciones graves que se reflejan en el actuar de la policía. Yucatán es el estado que más personas puso a disposición en 2020, con 194 438 puestas a disposición ante juez o ministerio público. De estas puestas a disposición, 74.3 % estuvieron motivadas por la presunta comisión de una falta cívica, es decir, faltas menores. Al intentar conocer las presuntas faltas o delitos que motivaron las detenciones, resalta la deficiencia de los registros y de la elaboración de informes policiales. Ni la información del Censo Nacional de Seguridad Pública 2021 ni del Programa Especial de Prevención Social del Delito con Enfoque de Derechos Humanos 2018-2024 permiten explicar con claridad cuáles son las faltas o delitos por los que fueron puestas a disposición más de 190 000 personas. El Programa Especial de Prevención Social del Delito incluso reconoce que existe una considerable cantidad de registros digitales de detención que no precisan el motivo. Este dato abre una reflexión sobre la dimensión de la arbitrariedad con que la policía puede detener a personas, las implicaciones de los abusos y de la violencia policial que se vive en el Estado y de cómo es que la prevención ha sido el motor de un estado más policial que ofrece seguridad a costa de violentar derechos humanos.
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