Por: Karla Jeanette Chacón Reynosa
Ilustración: Patricio Betteo, cortesía de Nexos
Desde 2018, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia evaluaba ya la situación de la infancia y adolescencia migrante como una respuesta a la emergencia que impuso la Caravana Migrante procedente de Centroamérica, y desde esa fecha alertó a las autoridades para brindar atención humanitaria “inmediata y prioritaria” a esta población y proteger su bienestar físico y emocional en los albergues y centros de atención y que se garantizara integralmente todos sus derechos ¿Son estos lugares suficientes para contener a esta población, que ante la crisis migratoria abre caminos en su andar? ¿Qué voluntad política migratoria se genera en Chiapas para mitigar el drama de estas poblaciones migrantes? ¿Qué iniciativas tomará el gobierno en turno para contenerla y procurar el respeto de sus derechos humanos elementales, derecho a la salud, a la educación, a una vida sin violencia? La ralentización de las acciones gubernamentales o la ausencia de ellas para atender la crisis de los flujos migratorios —que, dicho sea paso, se magnificará en los próximos años— sólo puede entenderse por la rivalización que representa para el Estado la atención de los migrantes en una entidad pluriétnica, particularmente con las demandas de los pueblos indígenas con rezagos ancestrales en todos los rubros sociales y que se abaten entre la pobreza y la marginación del proyecto del Estado nacional.
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