Por: Leonardo Núñez González
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
Uno de los grandes problemas alrededor del debate sobre los fideicomisos del Poder Judicial ha sido la falta de información accesible para la ciudadanía, pues, en el mejor de los casos, la única aproximación sistemática ha sido el listado del saldo de los fideicomisos al segundo semestre de 2023. Este dato ya es de suyo útil, pues en el nombre de los fideicomisos se señala con claridad el destino de sus recursos (donde destaca que el grueso de los mismos no se relaciona con la SCJN ni con sus ministros) y nos da una idea de sus dimensiones, pero es insuficiente para un análisis detallado de cómo se usan. Esta falta de información de fácil consulta no es producto de un ejercicio opaco por parte del Poder Judicial, sino de un problema menor (si consideramos que en el Poder Ejecutivo enfrentamos la destrucción, abandono y ocultamiento sistemático de la información pública), que es el déficit de transparencia proactiva orientada a la ciudadanía. Es decir, la información sobre el uso de los fideicomisos sí existe —se transparenta mediante y de acuerdo con los canales legales establecidos—, pero no se ha ido más allá para ofrecer esta información en un formato de fácil consulta para las personas.
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