Por José Ramón Cossío Díaz y Luz Helena Orozco y Villa
El continuo avance científico en el campo de la reproducción humana ha generado la necesidad de crear, simultáneamente, un marco regulatorio respetuoso de los derechos humanos y muy preciso en relación con las obligaciones de las partes involucradas en los respectivos procedimientos, incluidas las autoridades sanitarias y los profesionales de la salud. La regulación quizá más urgente es la gestación subrogada o "alquiler de vientre". Apenas cuatro entidades federativas tienen leyes específicas: Querétaro y San Luis Potosí para prohibir su práctica, y Tabasco y Sinaloa para normarla. Ello implica que en la mayor parte del territorio nacional los ciudadanos mexicanos y los extranjeros sufren una inseguridad jurídica total en relación con la validez y efectos de los convenios que pudieran celebrar sobre esta técnica reproductiva.
