Por Elisa Ortega Velázquez
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
El incendio del 27 de marzo de 2023 en una estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez arroja hasta la fecha un lamentable saldo de 40 personas migrantes fallecidas y al menos 23 lesionadas. Hay versiones que apuntan a que el incendio se inició por parte de las personas migrantes encerradas como protesta ante la falta de agua; mientras que otras —diseminadas por las autoridades— indican que se inició como protesta ante su orden de deportación. Con independencia de los motivos, sucesos de este tipo no son aislados: de 2019 a la fecha se cuentan al menos 12 incendios en estaciones migratorias del INM como una forma desesperada de las personas migrantes de exigir el respeto a sus derechos humanos más básicos, como el acceso a beber agua. Ahora bien, sin importar quién haya iniciado el incendio o los motivos para ello, el gobierno federal, a través del Instituto Nacional de Migración, es el responsable de administrar esta estancia provisional y, en consecuencia, de la seguridad de todas las personas migrantes ahí presentes. Dicho de otro modo, se trata de un crimen de Estado. La cadena de responsables abarca desde los agentes encargados de la operación de la estancia migratoria hasta el propio comisionado del INM.
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