Por: María Fernanda Muñoz y Miguel Sarre
Ilustración: Víctor Solís, cortesía de Nexos
El primer modelo de extractivismo —aplicable la mayoría de la población privada de la libertad en México— se encuentra en aquellas prisiones que podrían calificarse como anárquicas, en donde opera una extracción económica directa por su personal y, en muchos casos, con la participación de grupos internos de control, sobre el resto de las personas privadas de la libertad o de sus visitantes. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL, Inegi, 2021) se refiere a ello señalando que los principales servicios, bienes, beneficios o permisos que pagan las personas privadas de la libertad dentro de las prisiones incluyen el pago por pase de lista (55.3 %), aparatos electrónicos (43.2 %), cambios de celda (34 %), agua potable (31.9 %) y medicamentos (30 %). Estas cifras permiten concluir que existe un aprovechamiento económico generalizado por parte de las autoridades y grupos internos de poder en detrimento de las personas privadas de la libertad, especialmente respecto de prestaciones que deberían ser gratuitas o que corresponden a garantías de su seguridad dentro del centro. El tipo de cobros documentados por el Inegi genera un enriquecimiento ilícito por parte de autoridades y de otros participantes en detrimento de las propias personas privadas de la libertad, al igual que sus parejas y familias, quienes asumen estos gastos como indispensables para garantizar la integridad o subsistencia de uno de sus integrantes ante el infortunio de la prisión.
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