Por: Saúl López Noriega
Ilustración: David Peón cortesía de Nexos
El problema estructural de esta iniciativa es que parte de un fundamento erróneo. Por supuesto, la libertad de expresión y el derecho a la información son claves para las sociedades democráticas. La exposición de motivos, prácticamente en su totalidad, se aboca a subrayar la relevancia de la relación entre estos tres elementos: expresión, información, democracia. No obstante, precisamente el fenómeno del Internet –esto es, su impacto en la reducción del costo de la expresión que a su vez resultó en un exceso de ésta y, de ahí, la necesidad de nuevos intermediarios para moderar estos grandes volúmenes de información, junto con el modelo de negocios de estas plataformas anclado en la extracción de datos de sus usuarios– ha sido de tal magnitud que ha trastocado los fundamentos mismos de la libertad de expresión así como su intrínseca relación con el régimen democrático. Plantear un esquema regulatorio de las redes sociales debe partir de ahí: cómo reinventar la libertad de expresión en el mundo digital. Y evitar extrapolar soluciones de antaño, que tal vez funcionaron bien en su momento, pero que difícilmente pueden ser útiles ante una nueva arena de batalla por el discurso público en línea.
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