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Luego de la detención de dos de sus líderes, Rubén Núñez y Francisco Villalobos, sus defensores alegan que fue el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) el que firmó todo y es el responsable formal del delito de lavado de dinero. Pero lo que no dicen es que cuando ocurrieron los hechos que hoy los acusan, era la propia fracción sindical estatal la que manejaba a su antojo a ese organismo.
Escucha la opinión de Alfredo Campos Villeda, editorialista de Milenio.
