El debate sobre las expropiaciones realizadas en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez volvió a la agenda internacional ahora con la captura del mandatario Nicolás Maduro por el gobierno de Estados Unidos.
Esto es porque el presidente Donald Trump, antes de esta captura, exigió la devolución de activos a empresas de su país, aludiendo a nacionalizaciones ejecutadas en años anteriores.
En este escenario se reabre la pregunta sobre si compañías de otros países, entre ellas mexicanas, aún tienen margen para reclamar indemnizaciones, pues México mantiene una presencia empresarial relevante en Venezuela a través de firmas como Gruma y Cemex, cuyas operaciones se vieron afectadas por las políticas de nacionalización impulsadas por el chavismo.
En el caso de Cemex, en 2008 el gobierno venezolano ordenó la nacionalización de la industria cementera, sector en el que la empresa mexicana era líder; sin embargo, llegó a un acuerdo de compensación con el gobierno de Venezuela en 2011, tras la nacionalización de sus activos en 2008.
El acuerdo estableció un pago total de 600 millones de dólares y la empresa confirmó que Venezuela completó el pago de dicha suma que se realizó en parte en efectivo y parte en bonos de la petrolera estatal (PDVSA), en diciembre de 2011, según un comunicado de la compañía.
Mientras que la empresa Gruma, productora de maíz y harina, presentó un escenario distinto, pues en 2010, el gobierno de Venezuela anunció la expropiación de su filial, que representaba una parte significativa de sus ventas.
Tras años de negociaciones y un proceso de arbitraje internacional, las subsidiarias de Gruma obtuvieron una resolución arbitral favorable, pues en julio de 2017 se dictó un laudo que obligaba a Venezuela a pagar aproximadamente 489.9 millones de dólares (más intereses y gastos legales, ascendiendo la cifra total a cerca de 518 o 630 millones de dólares en distintas estimaciones) como compensación por los daños.
Defensa en EU
Un tribunal federal en Washington D.C. reconoció el derecho de Valores Mundiales y Consorcio Andino, accionistas españoles de Gruma, a exigir a Venezuela el pago de una indemnización derivada de un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) emitido en 2017.
Después Venezuela ha intentado anular o impugnar este laudo, pero un tribunal de Estados Unidos ratificó en junio de 2023 que Venezuela debe indemnizar a los accionistas de Gruma.
A finales de 2024 y mediados de 2025, Gruma sigue trabajando activamente para hacer cumplir (ejecutar) el laudo y cobrar la indemnización, un proceso que a menudo implica intentar embargar activos venezolanos en el extranjero, como los de Citgo.
Mientras Cemex cerró su disputa tras un acuerdo de compensación, el caso de Gruma continúa en instancias internacionales a través de sus accionistas.
¿Hay tratado de protección?
A diferencia de otros países, México no cuenta con un tratado bilateral de protección a la inversión claramente vigente con Venezuela, lo que limita las vías legales para que empresas mexicanas reclamen indemnizaciones por expropiaciones ocurridas durante la era chavista.
Durante años, las expropiaciones en Venezuela dieron lugar a demandas internacionales que hoy amenazan activos del país en el extranjero, como la filial petrolera Citgo en Estados Unidos, que enfrenta procesos para pagar a acreedores.
Aunque el gobierno venezolano rechaza el término “expropiación”, los litigios en curso muestran que las decisiones tomadas durante el auge del mandato de Hugo Chávez continúan generando consecuencias financieras.
En este entorno, si bien no existe información pública sobre nuevas acciones legales por parte de empresas mexicanas, el precedente de Cemex y la presión internacional sugieren que el tema de las indemnizaciones aún no está cerrado.
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ksh
