El Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce) Noreste advirtió que las empresas que realizan operaciones de comercio exterior pueden enfrentar multas de hasta 300 por ciento del valor comercial de sus mercancías.
Esto puede suceder luego del endurecimiento del régimen sancionador aduanero que entró en vigor este año.
De acuerdo con un comunicado, la recaudación por infracciones a disposiciones de comercio exterior aumentó 131 por ciento anual durante el primer semestre de 2026, al pasar de mil 291 millones a 2 mil 986 millones de pesos.
Por lo anterior, el organismo precisó que en seis meses, el monto ya superó los 2 mil 584 millones obtenidos durante todo 2025.
Ante este panorama, destacó que la reforma a la Ley Aduanera, vigente desde el 1 de enero, elevó de 70 a 100 por ciento a un rango de 250 a 300 por ciento del valor comercial la multa por no acreditar regulaciones y restricciones no arancelarias.
“El cambio de fondo no es el monto: es que la sanción ya no distingue entre el error de captura y la simulación deliberada”, se lee en una presentación de Comce Noreste.
Además, la modificación también establece una sanción de entre 250 y 300 por ciento del valor comercial para importaciones temporales realizadas fuera de un programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex).
- Para datos inexactos en pedimentos, las multas van de 5 mil 630 a 9 mil 340 pesos por documento,
- En información de valor y comercialización, de 53 mil 500 a 106 mil 970 peso.
- Sobre el control de inventarios, de 27 mil 70 a 54 mil 180 pesos.
En el caso de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de información comercial, el incumplimiento puede ocasionar un embargo precautorio de la mercancía y no únicamente su retención.
¿Cómo elige el SAT a quién revisar?
Para 2026, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) programó alrededor de 3 mil auditorías de comercio exterior sobre un universo auditable de 116 mil 467 contribuyentes, equivalente a una tasa de 2.5 por ciento.
Sin embargo, Comce Noreste señaló que la cifra no significa que todas las compañías tengan la misma exposición a una auditoría, pues la estrategia busca concentrar las revisiones donde la autoridad identifica mayores riesgos.
“El SAT no busca revisar a todos, focaliza donde identifica mayor riesgo. En 2026, la estrategia es selectiva: menos revisiones generales y mayor foco en contribuyentes con señales de riesgo”, señaló la presentación.
Por su parte, el organismo reveló que hay inconsistencias entre importaciones o compras y ventas declaradas; precios alejados de referencias económicas o sectoriales; incumplimientos de regulaciones, permisos o certificaciones; pérdidas recurrentes, devoluciones improcedentes o tasas efectivas atípicas, además de deficiencias en la trazabilidad.
El presidente de Comce Noreste, Javier Cendejas, aclaró que estos indicadores funcionan como focos para profundizar una revisión, pero no prueban automáticamente que exista un incumplimiento.
“Una señal de riesgo no equivale por sí sola a una infracción”, precisó Cendejas.
SAT cruza información fiscal y aduanera
El presidente del organismo sectorial detalló que la fiscalización también se apoya en la capacidad de relacionar información que anteriormente podía analizarse por separado.
Esto debido a que la autoridad cruza datos aduaneros, fiscales y referencias sectoriales para contrastar lo declarado por una compañía con su comportamiento histórico y con patrones de su actividad económica.
“El cambio de fondo: inconsistencias entre distintas fuentes pueden influir en la selección de quién será revisado. La fiscalización se vuelve más analítica: menos dependiente de una fuente aislada y más apoyada en cruces de información”, reveló el presidente de Comce Noreste.
Dijo que esto obliga a que pedimentos, facturas, pagos, inventarios y registros sostengan una misma transacción, pues diferencias entre esos elementos pueden elevar el perfil de riesgo de una operación.
Expuso que el costo puede ser mayor que la multa ya que las consecuencias de un incumplimiento tampoco terminan con la sanción económica, por lo que una compañía puede enfrentar la suspensión del padrón de importadores, la pérdida de un programa Immex o afectaciones a otras autorizaciones necesarias para mantener sus operaciones.
En este sentido, advirtió sobre el efecto que puede tener para una importadora quedar fuera de alguno de estos registros.
“Para una empresa importadora, perder un registro cuesta más que pagar una sanción”, puntualizó el organismo.
Además, añadió que desde 2021 se contabilizan 65 mil 419 contribuyentes suspendidos del padrón de importadores, nueve de cada 10 entre 2025 y 2026.
No obstante, de los 18 mil 924 dados de baja durante este año, 17 mil 855 correspondieron a contribuyentes que no habían operado durante 12 meses, sin agravante.
Reveló que en los programas Immex se registraron 117 cancelaciones definitivas en 2023, 155 en 2024 y 170 en 2025; para 2026, la presentación reporta 441 programas suspendidos.
¿Qué viene para las empresas?
De acuerdo con Comce Noreste, el siguiente cambio está previsto para el 1 de octubre de 2026, cuando será obligatoria la Manifestación de Valor Electrónica, después de tres prórrogas.
“Tras tres prórrogas, el esquema en papel deja de ser opción. Sin folio transmitido no hay despacho aduanero”, indicó el organismo de comercio exterior.
Además, especificó que entre septiembre y noviembre, el Plan Maestro de Fiscalización 2026 concentra revisiones de comercio exterior y subvaluación, alineadas con el cruce de información entre el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM).
El líder empresarial llamó a las empresas a mantener consistencia entre su información fiscal, aduanera, contable, comercial y de inventarios, así como capacidad para documentar cada operación de principio a fin.
“La certeza fiscal y aduanera deja de ser un asunto periférico: es una condición de competitividad para una región profundamente integrada a las cadenas internacionales”, precisó Cendejas.
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KL
