La decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de avalar el bloqueo de cuentas bancarias sin orden judicial previa representa un riesgo para la certeza jurídica.
"Esto podría afectar la confianza para invertir en México", advirtió la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La Confederación, a través de un comunicado, sostuvo que permitir que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) restrinja el acceso a recursos de personas y empresas sin controles judiciales previamente definidos “abre un espacio de incertidumbre que impacta directamente en la estabilidad económica”.
“En México, la certeza jurídica no es opcional: es la base sobre la que se construye la confianza, la inversión y el desarrollo”, sostuvo.
Operaciones financieras ilicitas
Además, expuso que la determinación del máximo tribunal tomada el 6 de abril, abandona criterios previos y valida el bloqueo de cuentas sin orden judicial, lo que “establece un precedente delicado para el Estado de derecho”.
Por su parte, recordó que esta resolución deriva de la Acción de Inconstitucionalidad 58/2022, en la que el Pleno de la SCJN avaló, por mayoría de seis votos contra tres, la reforma al artículo 116 Bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Con ello, dijo que se permite el congelamiento de recursos cuando existan “indicios suficientes” de posible vinculación con operaciones ilícitas o financiamiento al terrorismo.
En este sentido, advirtió que este esquema también tensiona el principio de presunción de inocencia, al permitir medidas que pueden tener efectos similares a una sanción sin que exista una resolución judicial previa.
“El bloqueo de cuentas con base en indicios coloca a personas y empresas en una posición de desventaja para su defensa”, expuso.
En este contexto, el organismo subrayó que la inversión depende de la certeza en el entorno institucional.
Por ello, apuntó que decisiones debilitan contrapesos o la protección de activos elevan la percepción de riesgo y reducen la disposición de inversionistas nacionales e internacionales.
También alertó que el impacto de estas medidas recae de forma desproporcionada en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMEs), las cuales representan más del 99 por ciento del tejido empresarial del país.
“Un bloqueo de cuentas, incluso cautelar, puede impedir el pago de nómina, proveedores o créditos, poniendo en riesgo empleos y la viabilidad del negocio”, indicó.
Ante este panorama, Coparmex consideró que la resolución no cierra el debate, por el contrario, abre la puerta a ajustes legislativos y regulatorios.
De igual forma, exhortó al Poder Legislativo y a las autoridades a establecer reglas claras sobre los supuestos que justifican un bloqueo, además de definir plazos máximos para estas medidas y garantizar mecanismos de control que eviten su uso discrecional.
¿Cómo se ejecutará la toma de decisión sobre bloqueos?
Entre sus propuestas, la Confederación planteó la implementación de un control judicial previo en un plazo máximo de seis horas, así como un límite de 15 días para que la autoridad sustente la medida con elementos suficientes.
A su vez, también pidió garantizar la notificación inmediata al titular de la cuenta, crear un régimen de responsabilidad por afectaciones indebidas e incorporar criterios de transparencia sobre el uso de estas facultades.
Además, Coparmex reiteró que el combate a actividades ilícitas debe ser compatible con la seguridad jurídica, al ser una condición esencial para impulsar la inversión y el desarrollo sostenido del país.
KL
