La suspensión de actividades de diversas autoridades por la contingencia sanitaria para la obtención y renovación de permisos de construcción, está dando lugar al incumplimiento de obligaciones contractuales frente a todo tipo de actores involucrados en proyectos inmobiliarios.
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Roberto Fernández del Valle, socio a cargo del área de mecanismos alternativos de solución de controversias (MASC) de la firma Santamarina y Steta, señaló que sumado a la crisis financiera que enfrentan múltiples empresas, esta situación puede llevar a una ola de conflictos que tendrán que dirimirse.
“El problema es que muchos de ellos se resolverán en tribunales saturados y por manos que no son expertas en materia inmobiliaria”, destacó.
Y es que la mayoría de los grandes proyectos inmobiliarios carece de contratos en los que se contemplen Paneles de Solución de Controversias, que son órganos formales permanentes poco utilizados en nuestro país que podrían establecerse a la firma o al inicio de la ejecución de un contrato a mediano o largo plazo, a fin de ayudar a las partes a evitar o resolver cualquier desacuerdo o desavenencia que pudiera surgir durante la vida del contrato.
“Este tipo de mecanismo alterno de resolución de controversias se utiliza en proyectos plurianuales y complejos, en donde la pérdida de tiempo en resolver un conflicto puede poner en riesgo la viabilidad misma del proyecto”, explicó.
Fernández del Valle añadió que hay experiencias nacionales e internacionales en las que las controversias de proyectos inmobiliarios ya se han resuelto positivamente y sin retrasos que representan enormes cantidades de dinero; entre ellas, mencionó proyectos emblemáticos como la ampliación del Canal de Panamá y el túnel en el Canal de la Mancha.
En México señaló proyectos de asociación Pública Privada (APP) como la Clínica Mérida y el Hospital General de Tabasco, junto con diversos proyectos de infraestructura hidroeléctrica, entre otros.
