La delegación de Canacar en Nuevo León alzó la voz sobre el incremento de robos al transporte de carga, extorsión y secuestro, además de lo que consideró abusos en el cobro por los servicios de grúa cuando se da algún desperfecto o multas municipales o estatales, así como el sobrecosto que representa para el sector el mal estado de las carreteras.
Melisa Tamez, delegada de Canacar en Nuevo León, dijo este viernes que se unirán a las acciones que tome la Canacar nacional, entre ellas, las de irse a paro el próximo lunes.
“Las manifestaciones serán pacíficas, ya iremos dando detalles en los próximos días sobre las acciones. Este es un llamado al Gobierno de los tres niveles para que nos escuchen y atiendan nuestras peticiones”, indicó la delegada estatal.
Se expuso que la manifestación será apoyada a nivel nacional por las delegaciones estatales de la Canacar; la Federación Mexicana de Transportistas (Fematrac) y la Organización Integradora de Derechos Convencionales (Indeco), las cuales agrupan entre todas a más de 20 mil transportistas.
En conferencia de prensa, Tamez mencionó que en el tema de inseguridad, el pliego petitorio de Canacar y organizaciones de transportistas es una mayor presencia de la autoridad en carretera, en especial en los corredores de mayor peligrosidad, e incluso solicitó establecer mesas de seguridad con autoridades estatales y municipales; así como mayor supervisión de los retenes.
Indicó que por lo menos a la semana se registran de dos a tres incidentes de robos o extorsión en Nuevo León.
“El autotransporte mueve el 80 por ciento de las mercancías en el país. Cuando el transporte se detiene, se detiene México”, enfatizó la delegada en rueda de prensa este viernes.
Otras de las problemáticas que enfrenta el sector del autotransporte de carga, destacó también los cobros excesivos, maniobras injustificadas y retención prolongada de sus unidades y de mercancías en los servicios de grúas y corralones, particularmente a nivel estatal o municipal.
En este tema, la delegada Melisa Tamez mencionó que plantearán una reforma a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial que obligue a las entidades federativas y a los municipios a expedir el reglamento de los servicios de grúas y corralones de su jurisdicción.
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