La existencia de paraísos fiscales afecta principalmente a los países pobres que dejan de recibir recursos, vía recaudación de impuestos, asegura la asociación de ayuda humanitaria Oxfam y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con estos organismos, los impuestos no recaudados por la evasión y elusión fiscal comprometen los presupuestos públicos, lo cual se traduce a su vez en recortes de servicios públicos esenciales como la infraestructura de salud o la educación.
Esto también implica que los gobiernos dependan en mayor medida de impuestos indirectos como el IVA, que afecta a los sectores más pobres de la población.
De acuerdo con la OCDE los países en desarrollo pierden en los paraísos fiscales tres veces lo que obtienen de ayuda de países desarrollados.
"Si los impuestos por activos ocultos por evasores fiscales se recaudaran en las jurisdicciones de sus propietarios, podría disponerse de miles de millones de dólares para financiar el desarrollo", afirmó recientemente José Ángel Gurría, titular del organismo.
Oxfam ejemplifica esto con el caso de África, continente en el que hasta el 30 por ciento del patrimonio financiero se encuentra en paraísos fiscales. La pérdida fiscal para los países de ese continente se estima en 14 mil millones de dólares al año.
"Esta cantidad sería suficiente para garantizar la atención sanitaria a madres y niños, lo cual podría salvar la vida de cuatro millones de niños al año, y permitiría contratar a profesores suficientes para escolarizar a todos los niños y niñas africanos".
Las características de los regímenes fiscales preferentes, como el secreto bancario y la nula o baja tributación, hicieron que en 2014 la inversión dirigida a estos paraísos fuera casi cuatro veces de lo que se contabilizó en 2001.
PLAN DE ACCIÓN CONTRA LA EVASIÓN
Para contrarrestar esto, en 2013 los gobiernos de los países integrantes de la OCDE y del G20 lanzaron el proyecto 'Erosión de la Base Imponible y la Transferencia de Beneficios' (BEPS, por sus siglas en inglés), en el que se revisaron las normas de fiscalización a nivel internacional.
Este plan de acción identificó 15 acciones que deberían realizar los países involucrados, para cumplir con objetivos fundamentales como: reforzar las exigencias de los actuales estándares internacionales de tributación, mejorar la transparencia y brindar a las administraciones tributarias de cada país una visión global de las operaciones de las empresas multinacionales.
La aprobación de las medidas se sometió a una consulta de dos años en la que participaron líderes políticos de alrededor de 90 países -entre ellos México-, así como representantes de la comunidad empresarial, organizaciones de trabajadores, círculos académicos y organizaciones de la sociedad civil.
"Lo que permite la evasión fiscal es la combinación de falta de pago de impuestos en una jurisdicción y la falta de intercambio de información. Si el país de residencia fuera informado de los activos o ingresos que sus contribuyentes tienen en un paraíso fiscal, estarían en posición de gravarlos en forma adecuada", señala la OCDE.
Un informe presentado a los Ministros de Finanzas y Gobernadores de Bancos Centrales del G20, a finales de febrero de este año, afirma que muchos países ya han promulgado leyes o reglamentos para exigir a las empresas a presentar toda su información país por país.
Los países firmantes contarán con mecanismos legales para intercambiar informes automáticamente. Se prevé que toda la información relativa a 2016, de cuentas de empresas multinacionales, se presente en 2017.
El seguimiento se centrará en particular en las prácticas nocivas de impuestos, abuso en tratados fiscales internacionales, en la presentación de informes y en la resolución de disputas fiscales transfronterizas.
Se prevé que la siguiente reunión de este grupo de trabajo sea a finales de junio de 2016.
