La consulta pública para que cualquiera pueda trasladar al Ministerio de Economía español sus preocupaciones por la Oferta Pública de Adquisición (OPA) del banco BBVA a Sabadell, la primera de este tipo en España, recoge la inquietud de empresarios, sindicatos y asociaciones de consumidores, entre otros, por el impacto que podría tener sobre el empleo.
Desde que se lanzó la OPA hace más de un año, el Ejecutivo español se opuso frontalmente a la operación por distintas razones, entre ellas el temor a que empeorara el acceso al crédito para familias y empresas o la remuneración de los depósitos, sin pasar por alto el cierre de oficinas y los despidos.
Los sindicatos fueron los primeros en avisar de que no permitirían que las plantillas sean siempre quienes paguen las fusiones, aunque desde las secciones sindicales en BBVA y el Banco Sabadell se tendía la mano a negociar, conscientes de que en el pasado los recortes de empleo en el sector se llevaron a cabo de forma consensuada.
Desde el principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP), también comparten esta inquietud, aunque desde la patronal CEOE, su presidente, Antonio Garamendi, se mostró "neutral" al respecto y desde la Asociación Española de Consumidores remitieron al Ministerio de Economía un informe favorable a la OPA.
El gobierno tiene la última palabra
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), el regulador bursátil en España, aprobó a finales de abril con condiciones la posible compra del Sabadell por BBVA, uno de los principales bancos españoles, con una destacada presencia internacional, siempre que los accionistas del Sabadell acaben aceptando la oferta.
El gobierno no puede impedir la OPA, pero tiene la última palabra sobre una eventual fusión y la opción de endurecer las condiciones de la operación impuestas por la CNMC con otras razones ajenas a la competencia.
Por esta razón, el pasado 7 de mayo el Ministerio de Economía abrió una consulta pública para recabar la opinión de terceros y decidir si traslada la cuestión al Consejo de Ministros.
La consulta abierta hasta la medianoche de este viernes consiste en un formulario a rellenar por quien considere que en la OPA hay problemas de interés general, es decir, ajenos a cuestiones de competencia.
El Banco Sabadell dejó claro desde un primer momento que participaría en la consulta, lo que hizo este viernes, como también lo harían sindicatos, asociaciones empresariales y de consumidores.
No obstante, algunos de ellos optaron por otras fórmulas alternativas al formulario para trasladar sus preocupaciones.
Fue el caso de los empresarios catalanes, región originaria del Sabadell, que enviaron directamente al presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, una misiva en la que recogían "poderosas razones de interés general", hasta cinco motivos distintos, que justificarían la intervención del ejecutivo.
Los sindicatos trasladaron su rechazo a la opa a través de un escrito, que se acompañaba de un análisis elaborado por la Universidad Autónoma de Madrid que cifraba una pérdida de entre 7.684 y 10.567 empleos, así como el cierre de entre 589 y 883 sucursales.
Hasta el momento el BBVA no facilitó ninguna cifra del impacto que la operación tendría sobre el empleo, aunque dio a entender que en ningún caso sería como en fusiones anteriores, ya que tanto el Sabadell como el propio BBVA han llevado a cabo recortes de plantilla recientemente con el visto bueno de los sindicatos.
En cuanto a las oficinas, el BBVA desveló desde el principio de la opa que su plan se limita al cierre de 300 oficinas y ante la CNMC se comprometió a clausurar solo las que estuviera como máximo a 300 metros de distancia.
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