Organizaciones de la sociedad civil señalaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza acciones de control financiero contra ellas, lo cual afecta su labor.
En el panel "Participación en tiempos de violencia", del Encuentro de Colaboración Ciudadana del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), estuvo presente el presidente del centro, Ricardo Bucío Mujíca.
Incertidumbre empresarial por el crimen organizado
Bucío señaló que existe un mecanismo de control formal contra las sociedades civiles en México, no sólo desde el crimen organizado, también desde la inactividad por parte del estado.
"Sabemos que ahí está la UIF, que viene a la vida de las organizaciones, no sabemos exactamente para que (...) hay una sobrerregulación del SAT y esta la UIF sobre las organizaciones, se piensa que las organizaciones tienen una mediación corrupta, entonces la visión política pero desde una visión de eliminar el crimen o evasión fiscal tienen a las organizaciones de la sociedad civil agazapadas, o autocensuras", condenó.
Por su parte, la especialista en derechos humanos, Alejandra Ancheita, afirmó que también hay que ser críticos en que las grandes corporaciones y empresas pueden entrar al país, ya que podrían tener ciertas condiciones de sus negocios gracias a todo el entorno de violencia que existe en el país.
Además, condenó que muchas empresas están preocupadas en pérdidas de modelos de negocio y no en las afectaciones a comunidades y los derechos colectivos de los sectores más vulnerabilizados.
"Está el crimen organizado, empresarios y socios comerciales que están generando impactos en el territorio. Hay que pensar por ejemplo ¿Quienes se están beneficiando de la crisis climática?, ¿Qué empresas transnacionales y sus socios que están dando las concesiones a minerales (...) hay zonas en donde entrarán empresas petroleras, en donde el crimen organizado está", expresó.
En el mismo panel, la activista y analista en seguridad ciudadana, Lisa Sánchez, explicó que en México menos del diez por ciento de los 40 millones de delitos en el país llegan a las autoridades, esto por fallas de los mismos representantes de la ley.
Por lo que afirmó que hay una crisis institucional de la violencia que provoca que mucha gente no se movilice, lo que también limita el trabajo de las ONGs.
Por su parte, Ana Paula Hernández, coordinadora nacional del Diálogo Nacional por la Paz, explicó que el estado debe de incentivar la justicia a través de fondos transparentes.
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KL
