El gobierno de México anunció que hará investigaciones antidumping contra las importaciones de placa de acero en hoja originarias de Japón, al encontrar indicios de que ingresaron en condiciones de discriminación de precios y provocaron daño material a la industria nacional.
De acuerdo a lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Economía determinó que las importaciones investigadas aumentaron 35 veces durante el periodo analizado, de 2023 a 2025, y elevaron en 4.4 puntos porcentuales su participación en el consumo nacional aparente, mientras que sólo en el periodo investigado, correspondiente a 2025, avanzaron dos puntos.
El acero japonés también llegó con una ventaja considerable en precio. En 2023, 2024 y 2025, el valor promedio de estas importaciones se ubicó 15, 17 y 24 por ciento, respectivamente, por debajo del precio de venta de la producción nacional.
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Frente a las importaciones de otros países, la diferencia fue de 20, 29 y 27 por ciento, en los mismos años.
Economía señaló que este comportamiento tuvo efectos negativos sobre diversos indicadores de la industria mexicana, entre ellos producción, ventas al mercado interno, precios, utilización de capacidad instalada, productividad, inventarios y salarios.
También reportó afectaciones a las empresas en ingresos, pérdidas operativas y margen de operación.
La dependencia agregó que Japón cuenta con una capacidad libremente disponible y un potencial exportador considerable frente al tamaño del mercado mexicano, por lo que existe el riesgo de que las importaciones continúen creciendo y profundicen el daño a los productores nacionales.
La investigación abarcará las importaciones definitivas y temporales que ingresen por las fracciones arancelarias 7208.51.04 y 7208.52.01, así como aquellas que puedan clasificarse por otras fracciones. El periodo investigado comprende del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025, mientras que el análisis de daño considera de 2023 a 2025.
Por ahora, la resolución no impone una cuota compensatoria definitiva. Las empresas productoras, importadoras y exportadoras involucradas tendrán 23 días hábiles para presentar argumentos y pruebas. Economía también dejó abierta la posibilidad de aplicar posteriormente cuotas definitivas a productos que hayan sido declarados a consumo hasta 90 días antes de la eventual aplicación de medidas provisionales.
NH
