La Secretaría de Economía inició una investigación antidumping sobre las importaciones de resina de poliéster (PET) originarias de Malasia y Vietnam, independientemente de su país de procedencia, con el fin de determinar posibles prácticas desleales de comercio en el mercado mexicano.
En una resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se explica que la investigación se inició a solicitud de las empresas Alpek Polyester México e Indorama Ventures Polymers México, quienes denunciaron prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios.
De acuerdo al documento, se revisarán las importaciones realizadas en el periodo comprendido del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2025, y se analizará el posible daño a la industria nacional entre el 2022 y el 2025.
“Se acepta la solicitud de parte interesada y se declara el inicio del procedimiento administrativo de investigación antidumping sobre las importaciones de PET”.
“(Estas) originarias de Vietnam y Malasia, independientemente del país de procedencia, que ingresan a través de la fracción arancelaria 3907.61.01 y 3907.69.99 de la TIGIE, o por cualquier otra”, se lee en el documento.
En tanto, la dependencia federal determinó que podrá aplicar las cuotas compensatorias definitivas que en su caso se impongan sobre los productos, 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales que se determinen.
Es importante señalar que la resina de PET es utilizada principalmente para envases y plásticos.
“Las principales aplicaciones son fabricación de botellas, las cuales incluyen botellas para bebidas carbonatadas, para agua, envases para jugos, crema de cacahuate, jaleas, aderezos para ensaladas, aceites comestibles, limpiadores domésticos, garrafones, envases retornables, envases farmacéuticos y cosméticos”, indicaron las empresas solicitantes en el DOF.
Además, las compañías que iniciaron este proceso argumentaron que la importación de este producto bajo un esquema de competencia desleal causaron un daño directo a la industria mexicana, por lo que de no aplicarse una cuota compensatoria, se "pone en riesgo la viabilidad económica de la rama de producción nacional".
En cuanto a los interesados en el caso, la dependencia informó que los productores nacionales, importadores y exportadores contarán con “un plazo de 23 días hábiles para acreditar su interés jurídico y presentar la respuesta a los formularios establecidos para tales efectos, los argumentos y las pruebas que consideren convenientes”.
Asimismo, se notificará la resolución a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para los efectos legales correspondientes.
Es importante mencionar que está resolución entrará en vigor el 8 de abril de este año.
MVDJ
