El mercado global de criptomonedas alcanzó los 53 billones 82 mil millones de pesos en diciembre de 2025, una dimensión que permite observar la magnitud que ha adquirido este sector a escala global.
Como referencia, el PIB de México a precios corrientes fue de 36 billones 310 mil millones de pesos durante el cuarto trimestre de 2025. Se trata de indicadores de naturaleza distinta: la capitalización del mercado cripto es una medida de valor en un momento determinado y el PIB mide la producción durante un periodo. Aun así, la comparación permite dimensionar el tamaño que han alcanzado los activos digitales y la relevancia de su regulación.
El mercado de criptomonedas se ha desarrollado a partir de la tecnología blockchain, que permite realizar transferencias de activos digitales directamente entre usuarios, aunque una parte importante de las operaciones se lleva a cabo mediante intermediarios como exchanges y plataformas de custodia.
Conforme su adopción ha aumentado, la discusión regulatoria se ha desplazado hacia la manera en que cada país incorpora estos activos dentro de su sistema financiero y define mecanismos para atender los riesgos asociados con su uso.
En Europa, el objetivo ha sido incorporar las criptomonedas al sistema financiero mediante el marco Markets in Crypto-Assets (MiCA), que fija reglas para emisores de determinados criptoactivos y para proveedores de servicios, entre ellos exchanges y empresas de custodia. La normativa exige a estos proveedores mantener un capital mínimo de 50 mil, 125 mil o 150 mil euros, entre aproximadamente 985 mil pesos y casi tres millones de pesos al tipo de cambio actual, dependiendo de los servicios que presten.
MiCA también impone requisitos de transparencia y obligaciones destinadas a prevenir el lavado de dinero, además de exigir información clara sobre las características y los riesgos de los productos ofrecidos al público. Con ello se busca aumentar la protección de los usuarios y reducir los riesgos derivados de la falta de información y supervisión del mercado.
En Estados Unidos, el enfoque ha sido permitir el desarrollo del mercado al mismo tiempo que se fortalecen los mecanismos de supervisión y reporte. Un paso importante se dio con la promulgación de la GENIUS Act en julio de 2025, que estableció un marco federal para las monedas estables (stablecoins), cuyo objetivo es mantener un valor estable frente a activos como el dólar.
Entre sus disposiciones se encuentran requisitos de respaldo con activos líquidos de bajo riesgo, como efectivo, depósitos bancarios y determinados instrumentos del Tesoro de Estados Unidos.
La Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) impone, además, obligaciones para los intermediarios que realizan determinadas operaciones con activos virtuales bajo la Bank Secrecy Act, entre ellas medidas de prevención de lavado de dinero, identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas. Hasta septiembre de 2026, continúa el proceso legislativo para lograr una regulación más amplia del mercado de activos digitales mediante la CLARITY Act, que busca definir reglas sobre registro, custodia, supervisión y protección de los usuarios.
¿Cómo se regulan las criptomonedas en México?
En México, el acceso a las criptomonedas se encuentra regulado, entre otros ordenamientos, por la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, conocida como Ley Fintech. Los artículos 30 al 34 de esta ley fijan las condiciones bajo las cuales las Instituciones de Tecnología Financiera (ITF) pueden realizar operaciones con activos virtuales, sujetas a las disposiciones que determine el Banco de México.
La ley también obliga a las ITF a informar a sus clientes que estos activos no son moneda de curso legal y no están respaldados por el Gobierno Federal ni por el Banco de México.
Al mismo tiempo, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley FPIORPI), en sus artículos 17, fracción XVI, y 18, fija obligaciones de identificación y presentación de avisos para actividades vulnerables relacionadas con activos virtuales, incluidas aquellas realizadas de manera habitual y profesional por sujetos distintos de las entidades financieras. Su objetivo es permitir el seguimiento del origen y destino de los recursos involucrados en estas operaciones y reducir los riesgos de lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, participa en la vigilancia del cumplimiento de las disposiciones destinadas a prevenir que los activos virtuales sean utilizados para operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Los sujetos obligados deben identificar a sus clientes e integrar los expedientes correspondientes, además de presentar avisos ante las autoridades cuando las operaciones superan los umbrales establecidos. Para las actividades relacionadas con activos virtuales, el aviso debe presentarse cuando el monto de la operación alcanza 210 UMA o cuando la contraprestación por el servicio alcanza cuatro UMA.
Entre los usos más comunes de las criptomonedas están las remesas y transferencias internacionales, por su eficiencia, y su utilización como instrumento de inversión. En 2024, Bitso gestionó un volumen de remesas entre México y Estados Unidos de seis mil 500 millones de dólares, 51 por ciento más que el año anterior.
La plataforma permite comprar, vender, enviar y almacenar criptomonedas y dólares digitales. En México, determinados servicios en pesos son operados por Nvio Pagos México, una institución de fondos de pago electrónico regulada bajo la Ley Fintech, mientras que los servicios relacionados con activos digitales se encuentran sujetos también a estructuras regulatorias internacionales.
Cada país ha elegido una postura distinta frente a esta realidad. Europa apostó por una regulación integral que cubre desde el emisor hasta el usuario final. Estados Unidos optó por integrar al menos el segmento del dinero digital, las stablecoins, bajo una supervisión federal clara. México, en cambio, mantiene un esquema centrado principalmente en el control preventivo y la contención del riesgo, sin una regulación integral que dé al usuario certeza sobre aspectos como el respaldo, la custodia y la protección de los activos que utiliza.
El principal pendiente se encuentra precisamente en ese punto. La regulación mexicana ha avanzado en la prevención de riesgos financieros y de lavado de dinero, pero todavía existen áreas sin un desarrollo normativo comparable al de otras jurisdicciones en materia de emisión, reservas, custodia, transparencia y protección de los usuarios. Al mismo tiempo, el uso de activos digitales continúa creciendo y plantea nuevas necesidades regulatorias.
Un ejemplo es el de las stablecoins vinculadas al peso mexicano, como MXNB. Aunque su valor está denominado en pesos, su emisión se encuentra bajo la jurisdicción de El Salvador. Nvio Pagos El Salvador obtuvo autorización de la Comisión Nacional de Activos Digitales de ese país para emitirla. El caso muestra las diferencias que existen entre los marcos regulatorios de la región y la posibilidad de que proyectos vinculados con el mercado mexicano recurran a otras jurisdicciones para su emisión.
El 6 de mayo de 2026, el senador Alejandro Murat presentó una iniciativa sobre Activos Virtuales Estables (AVE), que propone crear un régimen prudencial específico para la emisión, administración, circulación y comercialización de stablecoins. Su discusión representa uno de los primeros intentos por atender de manera directa un segmento del mercado de activos digitales que hasta ahora no cuenta en México con una regulación integral propia.
rdr
