Grupo Comercial e Industrial Marzam, (SAPI) de CV presentó una denuncia en contra del juez 54 de lo civil de la Ciudad de México, Carlos Adrián Chora Martínez, por presuntas irregularidades en el caso que confirmó el cambio de control accionario de la empresa el pasado 23 de marzo.
De acuerdo con documentos presentados en el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, el juez 54 emitió medidas cautelares que pretendían dejar sin efecto la resolución de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) en la que resolvió que la compra por parte de los nuevos propietarios de Casa Marzam, no tenía ningún impedimento, al señalarla sin riesgo de concentración ni libre concurrencia en materia de competencia económica.
En el documento de la denuncia se establece que la actuación de Carlos Adrián Chora Martínez, juez quincuagésimo Cuarto de lo Civil de Proceso escrito del Poder Judicial de la Ciudad de México, ha contravenido de manera flagrante, y en perjuicio de los derechos de esta denunciante, así como de la sociedad en general.
Por ello, se pide aplicar lo dispuesto en las normas sustantivas y procesales que rigen su actuar, por lo que dichos actos y omisiones actualizan diversas conductas sancionadas por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México.
Ahora, la denuncia presentada ante el Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial de la Ciudad de México, busca sancionar las conductas irregulares del juzgador, al considerar que violan el estado de derecho y van en contra de la competencia económica, al favorecer a Nueva Tierra Finance, de Mariana Matarazzo Escandón, esposa de Pablo Escandón quien encabeza Nadro, empresa que mantiene una posición preponderante en la distribución de fármacos en el país.
De acuerdo con los señalamientos hechos por Marzam en la denuncia se busca que el Tribunal de Disciplina Judicial determine si existe incumplimiento de las obligaciones legales del juez 54, si hubo irregularidades en el proceso o resoluciones fuera del alcance de sus atribuciones, toda vez que habrían ido en contra de la decisión de un órgano federal especializado como la CNA.
La denuncia también apunta que se estarían utilizando mecanismos judiciales ilegítimos para generar efectos contrarios a la libre competencia, por lo que se trataría de una estrategia anticompetitiva para impedir la entrada de nuevos inversionistas al sector, lo que ameritaría una investigación formal.
Este caso mantiene una relevancia particular, ya que se trata de un mercado estratégico para el sistema de salud, en el que la eficiencia de la distribución sigue siendo un pendiente tanto para los servicios de salud privados como públicos de México, de los que depende el abasto de medicamentos en farmacias, hospitales y otros establecimientos a nivel nacional.
El 14 de septiembre de 2026 Marzam también dio a conocer que esas medidas quedaban sin efecto como resultado de una suspensión definitiva, concedida como parte de un juicio de amparo.
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