La ley de pagos digitales generó opiniones divididas entre comerciantes, pues algunos temen que las comisiones reduzcan sus ganancias, mientras que otros consideran que aceptar más opciones puede aumentar sus ventas.
Aprobada por el Senado el 20 de octubre, la legislación permitirá a Hacienda definir los sectores donde los medios electrónicos serán la única forma de pago, sin imponer de inmediato esa obligación a todos los negocios.
¿Qué dijeron los establecimientos?
Entre los establecimientos consultados por MILENIO, algunos comerciantes expresaron preocupación por las comisiones que pagan a las empresas que les proporcionan el servicio de cobro con tarjeta.
Además, señalaron que absorber ese gasto reduce sus ganancias y que trasladarlo al precio de sus productos podría afectar a sus clientes.
Esos costos dependen del proveedor, del contrato y del medio utilizado.
La ley contempla distintas modalidades, como tarjetas, transferencias y códigos QR, por lo que aceptar pagos digitales no supone necesariamente contratar una terminal ni pagar la misma comisión en todas las operaciones.
“No manejos tarjetas por el tema de comisiones”, comentó Reina de la Luz, comerciante.
En otros puestos ya se aceptan tarjetas y transferencias. Mónica, también comerciante, consideró que ampliar las opciones de pago puede favorecer las ventas, al permitir que compren quienes no llevan efectivo.
“A veces sí piden pagar con tarjeta, pero son los menos, porque son pequeños los montos, y si nos van a querer pedir comisiones no sé cómo va a estar”, comentó.
¿Cómo será la implementación de pagos digitales?
El decreto fue enviado al Ejecutivo para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación. Su aplicación dependerá de la entrada en vigor y de las disposiciones que establezcan las autoridades para los sectores seleccionados.
Estas diferencias también estuvieron presentes en el debate legislativo para su aprobación en el Senado de la República.
El PAN cuestionó que la digitalización pueda representar nuevos gastos para pequeños negocios que necesitan conectividad o servicios de cobro.
Su bancada pidió comisión cero para microempresas, un fondo público de conectividad y garantías para que las personas puedan seguir utilizando efectivo.
El senador panista José Máximo García López sostuvo además que la medida podría ampliar la fiscalización de las operaciones cotidianas.
Por lo que la intención recaudatoria fue uno de los señalamientos de su bancada durante la discusión, no un nuevo impuesto establecido por esta ley.
En tanto, el PRI alertó sobre las facultades de Hacienda para determinar dónde serán obligatorios los pagos digitales.
Las senadoras Karla Toledo y Carolina Viggiano reclamaron límites y criterios claros para esa decisión, al advertir que podría restringir la libertad de elegir cómo pagar.
La también priista Claudia Anaya cuestionó que la gradualidad anunciada tuviera garantías suficientes en el articulado: además, planteó las dificultades que enfrentarían adultos mayores, habitantes de comunidades rurales y personas sin cuenta bancaria o acceso a internet.
Ante ello, Morena defendió que ampliar los pagos digitales facilitará las operaciones comerciales y permitirá a pequeños negocios contar con registros de sus ingresos que puedan ayudarles a solicitar crédito.
Sin embargo, hubo desacuerdos dentro de la bancada, pues Ricardo Sheffield votó en contra y cuestionó las atribuciones concedidas a Hacienda, así como el riesgo de favorecer prácticas monopólicas.
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KL
