Christian Alan Salinas Rodríguez, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Capítulo Valle de Bravo, indicó que actualmente en el país solo 5 de cada 100 profesionales inmobiliarios están certificados y destacó que las lagunas legislativas facilitan la operación de los malos vendedores.
“La legislación en México no está preparada para tapar los fraudes inmobiliarios, en Estados Unidos, por ejemplo, no autorizan la licencia para construir un desarrollo sino tienes el capital o estas fondeado y tienes un seguro de cobertura”, dijo.
En la entidad -refirió- la Secretaría de Desarrollo Económico tiene la obligación de levantar un padrón de asesores que estén debidamente certificados y capacitados a través del Colegio de Notarios, pero si los asesores no se registran no hay instrumentos legales que les prohíban seguir trabajando sin cumplir los requisitos.
¿Cómo evitar fraudes inmobiliarios?
Luego del fraude inmobiliario del que fueron victimas al menos 30 personas en municipios como Valle de Bravo, Amanalco y Huixquilucan en el Estado de México, apuntó que antes de realizar cualquier compra los interesados deben revisar con lupa los contratos y asegurarse de que los asesores están certificados y cumplen con la normatividad, es decir, que no sean empresas pantalla.
“Los contratos que se firmaron en este caso, establecieron cuotas según avanzará el proyecto, pero los clientes no se podían atrasar y ellos sí, al dejar de aportar los clientes incumplen en el contrato, se hace la recesión y los inmobiliarios se quedan con el anticipo”, declaró.
Recalcó que los vendedores siempre deben demostrar la propiedad jurídica y material de los inmuebles, es decir, presentar documentación de los predios y llevar a los clientes al lugar; mientras los compradores deben verificar que la densidad de construcción que se ofrece es la permitida en el Plan de Desarrollo Municipal, según sea el caso, y cuadre con lo que se tiene autorizado.
“Aquí es donde las víctimas fallaron porque verificaron que en donde se pretenden hacer 30 casas, por decir algo, solo se pueden hacer 10, desde ahí hay una inconsistencia, ya que solo con el cambio de uso de suelo o la manifestación de Impacto Ambiental, que es de carácter estatal y donde los proyectos son autorizados con puntos y comas, se puede aumentar la densidad de las propiedades”, explicó.
Además de verificar la capacidad legal de la persona que está solicitando el dinero para poder ejercer la inversión, pues muchas veces se trata de fideicomisos o agrupaciones que no están legalmente constituidas, “no se puede dar dinero a quien no tiene la capacidad jurídica a quien no puede obligarse a cumplir el contrato”.
PNMO
