La Alianza Campo Justo, organización que defiende los derechos de las mujeres jornaleras, pidió al gobierno mexicano y a la iniciativa privada mejorar los salarios que reciben estas trabajadoras cuando están activas y afiliadas a la seguridad social.
Según datos del gobierno federal, en México existen 2.3 millones de personas que laboran como jornaleros agrícolas, de los cuales aproximadamente 12.7 por ciento son mujeres, es decir, cerca de 290 mil.
Ellas denuncian que trabajan en condiciones inapropiadas y sin acceso a la seguridad social, aunque las cifras no son del todo precisas.
En conferencia de prensa, Alejandra Haas, directora de Movilización Pública de Oxfam México, destacó que desde la Alianza exigen:
- Mejora en los ingresos de las mujeres jornaleras.
- Más y mejores inspecciones en los centros de trabajo.
- Cotización regular de semanas laborales.
- Creación de un registro único de personas jornaleras.
- Perspectiva de género en la atención a sus necesidades.
- Seguros de riesgo de trabajo.
Por su parte, Susana Cruickshank, coordinadora de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas, expuso la importancia de establecer un programa de contratación formal, ya que la mayoría de estas mujeres laboran sin contrato, únicamente bajo acuerdos verbales.
Durante el evento, varias trabajadoras denunciaron que el pago promedio que reciben es por “rendimiento”, es decir, no se les paga por jornada, sino por caja o cubeta recolectada, con un precio aproximado de 2 pesos por unidad.
"Tenemos que correr todo el día para ganar, máximo, 200 o 300 pesos, y nosotras trabajamos mucho más", denunció Isabel, una jornalera.
“A mí no me alcanza. El bote de tomate está en dos pesos, eso no alcanza para mantener a mi familia. Gano alrededor de 200 pesos al día, y en la ley dice que el salario mínimo en el sur es de 315 pesos. ¿Dónde están mis 115 pesos, si eso marca la ley?”, cuestionó Sara, quien también relató que ha tenido que trabajar embarazada para poder alimentarse.
Las mujeres también señalaron irregularidades para cobrar programas sociales del gobierno federal, falta de atención en el sector salud, y explotación laboral en campos agrícolas sin consecuencias para los dueños o empresas responsables.
MRA
