La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) endureció y redefinió el acceso al estímulo fiscal para la producción cinematográfica y audiovisual en México, al establecer nuevos lineamientos que condicionan el beneficio al cumplimiento de criterios culturales, territoriales, fiscales y de ejecución comprobable de los proyectos.
Las disposiciones, derivadas del decreto publicado en febrero de 2026, introducen un esquema de control en dos fases.
Primero, los proyectos deberán obtener una constancia de presentación de trámite, que acredita su registro; posteriormente, deberán tramitar una constancia de cumplimiento, documento indispensable para poder aplicar el crédito fiscal, el cual valida que la producción se realizó conforme a lo planteado.
Entre los principales cambios destaca la incorporación de criterios de elegibilidad más estrictos.
Los proyectos deberán garantizar que al menos 70 por ciento de su proveeduría sea nacional y que los gastos estén directamente vinculados con actividades de producción realizadas en territorio mexicano.
Además, se introduce un criterio territorial que prioriza producciones fuera de las zonas metropolitanas del Valle de México, Monterrey y Guadalajara, con el objetivo de incentivar la derrama económica en otras regiones del país.
Los lineamientos también fortalecen el componente cultural del estímulo.
Se dará prioridad a los proyectos que promuevan la diversidad cultural, que retraten tradiciones, lenguas o procesos históricos de México, o que estén basados en obras relevantes para el país.
Asimismo, se valorará que las producciones incluyan acciones de formación, capacitación o transferencia de conocimiento para talento local.
Otra de las adiciones relevantes es la ampliación del estímulo a una gama más amplia de producciones audiovisuales, como series, miniseries, animación y proyectos con efectos visuales o de postproducción intensiva.
Sin embargo, quedan excluidos contenidos como noticieros, programas de entretenimiento, reality shows, transmisiones deportivas, publicidad y televenta.
El esquema también permite la transferencia del crédito fiscal a proveedores nacionales o a contribuyentes del impuesto sobre la renta, aunque con límites específicos: no podrá exceder 70 por ciento del monto total del estímulo y su valor no deberá superar 85 por ciento del monto transferido.
Además, estas operaciones deberán formalizarse mediante contrato y cumplir requisitos fiscales.
La supervisión recaerá en un Comité Técnico integrado por la SHCP, el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) y la Secretaría de Cultura, que evaluará los proyectos, determinará el porcentaje del estímulo y podrá solicitar información adicional o apoyo de especialistas.
Los lineamientos también establecen plazos y procedimientos más definidos para la revisión de solicitudes, así como la obligación de presentar informes certificados por un contador público sobre el costo total del proyecto, el cumplimiento de la proveeduría nacional y la correcta aplicación de los recursos.
En caso de incumplimiento, se prevé la revocación del estímulo fiscal. Esto implicará que los beneficiarios deberán corregir su situación fiscal, pagar los impuestos omitidos con actualizaciones y recargos, e incluso quedar inhabilitados para acceder al incentivo en ejercicios posteriores.
MVDJ
