La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, será juzgada por su presunta "negligencia" en la indemnización millonaria concedida por el Estado francés al empresario Bernard Tapie en 2007, cuando ella era ministra de Economía.
Lagarde dijo que apelaría la decisión que le resultaba "difícilmente comprensible", después de que la fiscalía pidiera este año su sobreseimiento.
Agregó en un comunicado que "en este caso siempre actuó en interés del Estado y respetando la ley" y consideró "que no se le puede imputar ningún cargo".
Por su parte, el Consejo de Administración del FMI, ratificó, en un comunicado, su confianza en la capacidad de Lagarde "para asumir eficazmente sus funciones", aun en situación de enjuiciada.
Lagarde fue imputada en agosto de 2014 por su supuesta negligencia en la designación de un tribunal de arbitraje privado que concedió una indemnización de 403 millones de euros al empresario, conocido por su amistad con el entonces presidente francés, el conservador Nicolas Sarkozy.
Ese arbitraje debía decidir si Tapie había sido perjudicado por la venta de la empresa de equipamiento deportivo Adidas en los años noventa del pasado siglo.
Confiscada a Tapie, esa empresa fue vendida por el banco público Crédit Lyonnais por un precio muy inferior al de mercado, según Tapie, que reclamaba al Estado una indemnización.
Tras casi dos décadas de litigios, durante el mandato presidencial de Sarkozy, el gobierno decidió que resolviera el caso un tribunal de arbitraje, que falló a favor del empresario.
Los magistrados de la Corte de Justicia, única instancia habilitada en Francia para juzgar presuntos delitos cometidos por ministros en su etapa de gobierno, sospechan que la designación de ese tribunal privado pudo decidirse con intención de favorecer a Tapie.
En el caso también está imputados, entre otros, el que fuera jefe de gabinete de Lagarde en 2007 y actual presidente del operador de telecomunicaciones Orange, Stéphane Richard, y el propio Tapie, en ambos casos por "estafa en banda organizada".
Cuando se conoció su imputación, Lagarde anunció que no dimitiría como directora gerente del FMI, instancia que la respaldó.
De confirmarse su culpabilidad, Lagarde se enfrenta a una pena de hasta un año de cárcel y 15 mil euros de multa.
