Las utilidades de las empresas de servicios públicos de Estados Unidos son un blanco de críticas a medida que el fuerte aumento de las facturas de electricidad genera un rechazo social por los costos y presiona a políticos y reguladores de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre.
Gobernadores de más de una docena de estados intentan reducir las facturas y las ganancias de estas compañías, mientras que legisladores de 15 estados ya presentaron medidas para limitar su rentabilidad. Los reguladores exigen recortes más drásticos en las solicitudes de mayores rendimientos.
Esta presión es relevante porque las compañías de servicios públicos no fijan los precios libremente: los reguladores estatales aprueban las tarifas que pueden cobrar a los clientes y los rendimientos que pueden obtener. Por tanto, el escrutinio político puede repercutir en sus utilidades.
En agosto, el gobernador de Indiana, Mike Braun, sorprendió a los analistas de la industria al destituir a un regulador estatal por no contener las tarifas, y el gobernador de Delaware, Matt Meyer, confrontó en directo por radio a un ejecutivo de Delmarva Power a propósito de una propuesta de alza de precios. Los gobernadores de Pensilvania, Nueva Jersey y Nueva York también tomaron medidas para frenar las utilidades de estas empresas de servicios públicos.
Estas críticas provocan “un nivel de drama que no es común” en el sector, señaló Charles Hua, director ejecutivo de Powerlines, organización sin fines de lucro sobre la asequibilidad de la energía.
“Entramos en una era eléctrica en la que actores políticos que nunca habían tenido que pensar sobre este ámbito, muy técnico y, en cierto modo, tedioso, se ven obligados a hacerlo de repente, tanto durante las campañas electorales como cuando ocupan el cargo”.
Las empresas de servicios públicos invierten cifras récord en centrales eléctricas y líneas de transmisión para satisfacer la demanda de los centros de datos y modernizar una red envejecida y castigada por climas extremos. Paralelamente, las facturas de electricidad ya subieron 15 por ciento desde principios de 2025, de acuerdo con la Administración de Información de Energía, en un contexto en el que los estadunidenses también afrontan mayores costos de vivienda, alimentación y transporte.
Los políticos cuestionan qué tanto deben beneficiarse los accionistas de esta expansión —poniendo el foco en el complejo proceso que determina cuánto deben cobrar las firmas de electricidad— y qué tanto márgen de utilidad pueden obtener.
Revisión tarifaria
La mayoría de estas empresas operan como monopolios, lo que significa que los clientes no pueden elegir qué compañía les suministra electricidad o gas. Los reguladores deciden qué inversiones —como centrales eléctricas, cables y postes— deben pagar los usuarios, conformando así un conjunto de activos denominado “base tarifaria”. Después se determina qué nivel de utilidades puede obtener la empresa de servicios públicos por dichas inversiones, es decir, la rentabilidad sobre el capital propio (ROE, por su sigla en inglés).
Las utilidades de las compañías eléctricas estadunidenses aumentaron 16 por ciento el año pasado, alcanzando la cifra récord de 63 mil 100 millones de dólares, según el Edison Electric Institute.
Los organismos reguladores recortaron 3 mil 600 millones de dólares de las solicitudes presentadas por las empresas para 2025, una cifra más de cinco veces superior a la del recorte de 2021, según datos de la firma Halcyon.
Durante estos procesos de revisión de tarifas, los defensores de los consumidores y los políticos pueden argumentar que el gasto en infraestructuras no era necesario o que la rentabilidad sobre el capital propio debe ser menor.
“El ROE es la clave maestra en la regulación de los servicios públicos”, dijo Mark Ellis, investigador sénior especializado en el sector de servicios públicos del American Economic Liberties Project. “Representa una parte importante de la factura, y un alto rendimiento incentiva la construcción de más infraestructuras de las necesarias”.
La presión para contener las tarifas está llegando a los reguladores estatales. En agosto, la comisión de Maryland redujo en 10 puntos base la rentabilidad sobre el capital propio de Pepco, después de que la compañía, que opera también en Washington, solicitara un aumento de 1 por ciento. El gobernador Wes Moore elogió la medida y declaró que “las empresas de servicios públicos no deben obtener utilidades exorbitantes mientras los ciudadanos comunes de Maryland no pueden costear el pago de sus facturas de electricidad”.
Los reguladores están aplicando recortes más drásticos. Según datos de Halcyon, las comisiones redujeron la rentabilidad solicitada en una mediana de entre 78 y 85 puntos base para los años 2025 y 2026, frente a los recortes de entre 40 y 60 puntos entre 2020 y 2022.
Estos recortes cada vez mayores en las solicitudes de tarifas pueden reflejar, en parte, una carrera armamentista de negociación, en la que las empresas de servicios públicos piden más de lo que esperan obtener, sabiendo que los reguladores negociarán a la baja dichas cifras. Ante la presión política, es posible que estén inflando aún más estas solicitudes para compensar un trato más riguroso, señaló David Pomerantz, director ejecutivo del Energy and Policy Institute.
Sin embargo, esta táctica “no les está saliendo bien”, dijo. “Existe el riesgo de que las empresas de servicios públicos actúen sin tacto ante el clima social y piensen: ‘bueno, la gente está enfadada con nosotros, así que pidamos un poco más’”.
Las empresas y sus inversionistas dicen que el revuelo político y la presión sobre la rentabilidad pueden dificultar y encarecer la expansión de la red eléctrica.
Los reguladores se niegan cada vez más a permitir que estas empresas trasladen a los clientes los costos de las nuevas infraestructuras. Según Halcyon, estas denegaciones aparecieron en 46 por ciento de los casos de revisión de tarifas entre 2025 y 2026, frente al rango de entre 29 y 37 por ciento entre 2020 y 2024.
Los reguladores de Maryland dijeron que Exelon, propietaria de Pepco, Peco y Delmarva, no podía trasladar a los usuarios los 164.9 millones de dólares invertidos en su subestación White Flint, en Rockville, al considerar que los costos del proyecto “no fueron prudentes”. Su director ejecutivo, Calvin Butler, dijo que esta situación dificulta que las empresas puedan planear con confianza.
“No pueden pedirme que invierta y luego cuestionar la decisión”, declaró a Financial Times.
Las empresas argumentan que solicitan mayores retornos debido a que el costo del capital es alto. A medida que aumenta la rentabilidad de inversiones seguras, como los bonos del Tesoro de EU a 10 años, los accionistas exigen mayores rendimientos para justificar la inversión en acciones de empresas de servicios públicos. Según Morningstar, el diferencial entre los bonos del Tesoro y el ROE promedio autorizado es el más estrecho desde 2007, después de reducirse 43 por ciento desde 2020.
“Existe un círculo virtuoso: si se quiere una red capaz de resistir un huracán o un incendio forestal, y si se busca energía limpia, es necesaria la inversión”, dijo Tim Winter, gestor de carteras de Gabelli.
La presión política puede elevar los costos de financiamiento, según los inversionistas. “Cuando un gobernador hace comentarios sobre perjudicar a las empresas de servicios públicos, eso eleva el costo del capital”, dijo Christopher DeNunzio, gestor de carteras del equipo de infraestructura de Cohen & Steers.
