Aunque no parecía que pudiera ocurrir, sucedió. La semana pasada, un fallo de la Suprema Corte sobre la Ley de Derechos Electorales, una ley fundamental que data de la lucha por los derechos civiles en la década de 1960, garantizó que las relaciones entre republicanos y demócratas en todo el país están a punto de empeorar aún más.
La Ley de Derechos Electorales fue aprobada por Lyndon Johnson cinco meses después de los ataques del Domingo Sangriento contra activistas de derechos civiles en Selma, Alabama, que marcaron un punto de inflexión, un momento en el que Estados Unidos decidió qué tipo de nación quería ser.
La ley fue diseñada para prevenir de diversas maneras la discriminación racial en el voto. Una de ellas era permitir (e incluso exigir) que determinados distritos se rediseñaran para incluir a más votantes negros. Esto reconocía que la votación a menudo se fragmentaba por motivos raciales, y que si no se conseguía una masa crítica de votantes negros en un distrito determinado, era poco probable que se eligiera a funcionarios negros.
Johnson sabía que algunos miembros del Congreso que votaran a favor de la ley probablemente perderían sus escaños por eso. Para honrarlos, tomó la medida sin precedente de caminar desde la Casa Blanca hasta el Capitolio para firmar el proyecto de ley allí, en lugar de en la Oficina Oval.
Eran tiempos claramente diferentes. La semana pasada, la Suprema Corte dictaminó que no se le permitirá a Luisiana crear un nuevo distrito electoral de mayoría negra porque, según la mayoría conservadora de la Corte, hacerlo es discriminatorio. Esto pone de manifiesto una diferencia crucial entre la Corte, los republicanos que apoyan el fallo y la mayoría de los demócratas.
Mientras que los demócratas creen que sin la ley, la representación negra en el Congreso se desplomará (y con esto, una buena parte de su apoyo), los republicanos y la Corte Suprema dicen: “Miren, tenemos muchos funcionarios electos negros; el trabajo está hecho, tenemos una representación más diversa en el Congreso y ya no necesitamos reglas basadas en la raza”.
Esta opinión se deriva de la lógica de la anulación por parte de la Corte de la acción afirmativa en la educación superior (algo que, de hecho, me pareció una buena idea, porque el secreto a voces de la educación superior estadunidense es que las universidades caras a menudo utilizaban las reglas de acción afirmativa para favorecer a los estudiantes ricos que pagaban la matrícula completa, sin importar su raza o nacionalidad, por encima de los estudiantes con necesidades financieras).
Dicho esto, el fallo de la Suprema Corte en el caso Louisiana contra Callais es potencialmente mucho más polémico y trascendental. Para empezar, un estudio reciente publicado en el Journal of Politics reveló que, después de la eliminación en 2013 de una disposición que exigía a las jurisdicciones con antecedentes de racismo obtener autorización federal para la redistribución de distritos electorales, existía evidencia “significativa y sólida” de una brecha en la participación electoral por motivos raciales que perjudicaba a los votantes de color. En segundo lugar, el fallo provocó que los demócratas dejen de lado sus principios y busquen maneras de contraatacar políticamente a los republicanos. “Guerra política sin cuartel, en todas partes y todo el tiempo”, declaró recientemente el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. Ambos bandos intentarán encontrar nuevas formas de manipular los mapas electorales.
Es posible que veamos pruebas de esto ya en las elecciones de mitad de mandato. Sin duda, tendrá repercusiones en las próximos comicios presidenciales, posiblemente generando aún más polarización de la que existe hoy. La verdad, de tan sólo pensarlo me agoto. Así que le pregunto a mi colega Jonathan Derbyshire, que me acompaña hoy en el artículo de Swamp Notes: ¿qué impacto cree que tendrá el fallo en esas dos elecciones? ¿Y qué más le llamó la atención de esta decisión histórica?
Lecturas recomendadas
-Un artículo de The Wall Street Journal sobre cómo las novias ahora deben firmar exenciones de responsabilidad al comprar un vestido a la medida si toman GLP-1 (¿les quedará bien el día de la boda?) es otro capítulo fascinante en la historia de cómo los medicamentos para bajar de peso están transformando tantos mercados. Otros dos artículos del mismo diario —una entrevista con Scott Bessent y un artículo de opinión de Donald Luskin sobre cómo podrá funcionar un “Acuerdo entre la Reserva Federal y el Tesoro”— ofrecen valiosas perspectivas sobre la posible dirección de la política monetaria y fiscal el próximo año.
-En un tono más ligero (y conciso), lean el artículo de opinión de Amy Odell sobre el significado de “cara de Mar-a-Lago” en la sección de opinión de The New York Times. Me fascina por qué los superricos quieren verse tan extraños.
-¿Estamos condenados? Ese es el nombre de un curso en la Universidad de Chicago, y de un artículo de The New Yorker sobre eso que es sorprendentemente optimista, sobre todo por la actitud de los estudiantes y profesores hacia el tema.
-En Financial Times hay un artículo de Big Read sobre cómo la “gran división entre centros de datos en Estados Unidos” refleja una división urbana-rural más amplia y evoca otros temas políticos —desde la consolidación de las granjas familiares hasta la deslocalización de empleos de fabricación— que crearon más políticas partidistas. Vean con atención este tema.
Jonathan Derbyshire
Hola, Rana. Me temo que tienes toda la razón al sugerir que este fallo de la Suprema Corte es más polémico y, con toda probabilidad, más trascendental que el de 2023 que anuló la acción afirmativa (discriminación positiva) en las admisiones universitarias. Me parece que es como usar un bisturí o un mazo —elige la metáfora que prefieras— contra el mayor logro del movimiento por los derechos civiles (y de la presidencia de Johnson; la guerra de Vietnam aseguró que a partir de entonces todo fuera cuesta abajo para Lyndon Johnson).
Esa es, sin duda, la opinión de la minoría liberal de la Corte, que disintió en una decisión de 6 a 3. Y, dicho sea de paso, es la opinión del expresidente Barack Obama, quien escribió en la red social X el miércoles que la decisión “destruye, de hecho, un pilar fundamental de la Ley de Derecho al Voto, permitiendo a las legislaturas estatales manipular los distritos electorales para diluir y debilitar sistemáticamente el poder de voto de las minorías raciales, siempre y cuando lo hagan bajo el pretexto de ‘partidismo’ en lugar de un ‘sesgo racial’ explícito”.
Como señaló la jueza Elena Kagan en su voto particular, con este fallo el tribunal, en efecto, se erige como “el árbitro de cuándo las leyes de derechos civiles dejan de ser necesarias”. Pero, como sin duda tiene razón al argumentar, no existen fundamentos legales para asumir, como parece que lo hace la mayoría, que los extraordinarios logros que fueron posibles por la Ley de Derecho al Voto “perdurarán una vez que desaparezcan las protecciones de la Ley”. Determinar eso, afirma, es asunto del Congreso. La mayoría conservadora del Tribunal no está de acuerdo.
Las implicaciones políticas de esto son, como sugieres, alarmantes. Y la decisión sólo intensificará una batalla nacional sobre la redistribución de distritos que ya se había vuelto bastante tensa. Dices que el fallo garantiza que los demócratas ignorarán sus mejores principios. Pero no estoy seguro de qué alternativa tienen.
Escribí sobre este tema en agosto y me encontré dividido sobre cómo deben actuar los demócratas ante la manipulación electoral republicana. En ese momento dije que “el argumento de que a los demócratas no les conviene mostrarse remilgados ante semejante ejercicio de poder absoluto es convincente. Pero el impacto a largo plazo de una carrera hacia el abismo, producto de la manipulación electoral, sobre la confianza pública en un proceso democrático ya de por sí devaluado, es incierto”.
Ese dilema se volvió todavía más crucial.
