La gran mayoría de defraudados por la desaparecida sociedad financiera popular Ficrea son personas físicas, pero en la lista final de acreedores destaca una veintena de pequeñas y medianas constructoras de vivienda e inmobiliarias, las cuales sufrieron un desfalco de aproximadamente 151 millones 880 mil pesos.
La financiera, que era propiedad de Rafael Olvera Amezcua, defraudó a alrededor de 6 mil 800 personas, con un monto de unos 2 mil 800 millones de pesos, por lo que la cifra invertida por las empresas desarrolladoras y las firmas inmobiliarias equivale a 5 por ciento de los recursos.
Entre los acreedores afectados llama la atención el caso de la inmobiliaria GIMF, cuya sede se ubica en Naucalpan, Estado de México, firma especializada en administrar fincas en la Ciudad de México y que se arriesgó al invertir poco más de 57 millones de pesos en la ahora desaparecida Ficrea.
GIMF es uno de los acreedores más grandes de Ficrea, por debajo del Tribunal de Justicia del Distrito Federal, que depositó 110 millones de pesos; de la firma de materiales para soldadura Exel Mexicana, que tenía 71 millones de pesos, y del Organismo de Agua de Naucalpan, cuya inversión era de 60 millones.
Otro defraudado por Ficrea es el Poder de la Federación de Coahuila, con 90 millones de pesos, aunque su nombre no aparece en la lista final de acreedores.
De acuerdo con dicho listado de defraudados, Inmobiliaria Ulzama es otra firma del sector viviendero afectada por Ficrea; su sede está en Azcapotzalco y tenía invertidos 14 millones 640 mil pesos. Le siguen Inmobiliaria VIP, con depósitos de 11 millones 88 mil pesos, y Cimer Construcción, con un ahorro de 10 millones 999 mil pesos.
Otras firmas defraudadas son Comercializadora Inmobiliaria Mexicana, con 8 millones 998 mil pesos; Bienes Inmuebles Elizondo, 8 millones 260 mil pesos; Dike WZ Constructora, 8 millones 45 mil pesos; TAF Constructores, 8 millones 33 mil pesos; Bienes Inmuebles Morelos, 6 millones 670 mil pesos; Construcciones Tecsa, 6 millones 390 mil pesos, e Inmobiliaria Bulevar Hidalgo, con una inversión de 4 millones 960 mil pesos.
Algunas otras con inversiones menores son Construcción y Diseño Zirahuén, con 2 millones 97 mil pesos; Green Tech Desarrollo Inmobili, 2 millones 22 mil pesos; Inmobiliaria Malu, un millón 500 mil pesos; Inmobiliaria Poliedro, 380 mil pesos, e Inmobiliaria Kavasa, 232 mil pesos. En tanto, Flomot Constructores, Inmobiliaria Comercial del Bajío, Inmobiliaria de Levante e Inmobiliaria Familiar tienen menos de 100 mil pesos cada una.
Al igual que cualquier empresa y personas defraudadas por Ficrea, estas constructoras e inmobiliarias solo han podido recuperar el seguro de depósito que tiene cualquier sociedad financiera popular, el cual asciende a 131 mil pesos. Cabe apuntar que a pesar del bajo monto asegurado, la ley no impide que esas financieras puedan captar de cada persona física o moral más allá de esa suma.
Derivado del fraude, y tras reclamos de los afectados, un grupo de legisladores diseñó una ley que se encuentra a la espera de ser discutida en el Senado, la cual, entre otras cosas, establece un tope de 2 y 7 millones de pesos en los depósitos que pueden hacer las personas y las empresas, respectivamente, en las Sofipo.
Las pequeñas desarrolladoras de vivienda y las inmobiliarias defraudadas tendrán que esperar a que concluya el proceso de quiebra de Ficrea para tratar de recuperar la mayor cantidad posible de su inversión. Según especialistas e involucrados, se estima que tras el proceso los defraudados podrán recuperar a lo mucho 80 por ciento de sus recursos.
A un año del fraude
A las 9 de la mañana del viernes 19 de diciembre de 2014, en conferencia de prensa, Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), anunció la disolución y liquidación de Ficrea, debido a que luego de una intervención gerencial, un mes antes, se encontró una serie de operaciones ilícitas con base en una triangulación de recursos, que se reflejó en un desfalco de 2 mil 800 millones de pesos a alrededor de 6 mil 800 ahorradores.
Esa misma tarde un grupo de ahorradores se dio cita en las instalaciones de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), donde hubo connatos de violencia que derivaron en algunos cristales rotos. Fueron recibidos por Mario di Costanzo, presidente del organismo, y ya entrada la medianoche por el subsecretario de Hacienda, Fernando Aportela. Luego de varias horas de diálogo solo lograron que los funcionarios se comprometieran a hacer su mejor esfuerzo para recuperar los recursos.
Luego de la decisión de la CNBV se formaron algunos comités de ahorradores defraudados, quienes realizaron varias manifestaciones en el Distrito Federal; su alcance fue tal que algunos legisladores diseñaron una reforma a la ley de ahorro y crédito popular que incluye un rescate financiero para los afectados por Ficrea; sin embargo, aún sigue en el Senado. La financiera entró en proceso de quiebra y Rafael Olvera continúa prófugo de la justicia, supuestamente en Estados Unidos.
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