La iniciativa de ley para regular los mecanismos de inversión pública y privada, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum a la Cámara de Diputados, fue respaldada por Jose Antonio Fernández Garza-Lagüera, director general de Fomento Económico Mexicano (Femsa).
"Todo lo que signifique inversión me tiene muy entusiasmado y todo lo que trae la presidenta, en temas de inversión, me entusiasma bastante", afirmó el directivo a medios de comunicación.
Y explicó que "casi todo" está en la normalidad, en su negocio de tiendas Oxxo, después de que en febrero tuvieron que cerrar cerca de 6 mil tiendas tras los hechos de violencia por la detención y muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
Hace un mes, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar, el cual estima que con el impulso público y privado, en ocho sectores considerados estratégicos, se detonará el crecimiento económico del país durante su sexenio, ya que de acuerdo con las estimaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dicha inversión permitirá un crecimiento económico cercano al 3 por ciento.
En la inauguración de la 89 Convención Bancaria, que se realizó la semana pasada en Cancún, Sheinbaum detalló a la propuesta de esta nueva ley de inversiones cuyo fin es avanzar en proyectos de energías, trenes, carreteras, puertos, salud y agua, la cual tendrá inversión tanto público como privada de 5.6 billones de pesos hasta 2030.
"Acabamos de enviar al congreso una nueva ley que tiene como objetivo generar mecanismos para la inversión pública y un nuevo mecanismo para la inversión mixta, es decir, inversión pública combinada con inversión privada o social que nos permita generar mayor infraestructura en el país", aseguró la presidenta al gremio banquero.
El documento de ley, que cuenta con 141 artículos, aparte de la coordinación de inversiones, plantea mecanismos de contratos e instaura un consejo de planeación estratégica que se encargará de la inversión en infraestructura.
Además, se establece que la presidenta podrá otorgar estímulos fiscales para fomentar los proyectos.
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