El presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), publicó un decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública terrenos en Campeche a favor de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de Federación (DOF), uno de los terrenos corresponde a la superficie de 02-49-83 hectáreas, del ejido "N.C.P.E. Pablo García", municipio de Calakmul, Campeche.
El otro terreno corresponde a la superficie de 11-90-97 hectáreas, del ejido "NCPA. Div. del Norte y sus Anexos", municipio de Escárcega, Campeche, a favor de Fonatur Tren Maya, S.A. de C.V.
La Sedatu recordó que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 establece los programas y proyectos que constituyen las prioridades de atención estratégica a problemas públicos identificados. Asimismo, expone como una de las tareas centrales impulsar la reactivación de la economía, para que esta vuelva a crecer a tasas aceptables y se fortalezca el mercado interno y el empleo mediante programas sectoriales, proyectos regionales y obras de infraestructura.
En este sentido, el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.
El Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.
Se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas.
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