La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) arrancará oficialmente este miércoles 1 de julio bajo un escenario donde, pese a la fortaleza de la integración económica de Norteamérica, la presión política en Estados Unidos podría extender las conversaciones hasta 2027 y dejar temas relevantes sin acuerdos cerrados, advirtieron especialistas.
Expertos consultados por MILENIO como Juan Trebino y Gilberto Lozano, de Roland Berger; Juan Francisco Torres Landa, de Hogan Lovells; y Silvia Armendáriz Bárcenas, de Livingston International, coincidieron en que aun cuando México mantiene una posición estratégica por su papel como principal socio comercial de Estados Unidos, la negociación estará marcada por factores políticos, además de los aspectos técnicos que solo endurecerán la negociación.
Gilberto Lozano señaló que el proceso estará condicionado por la rentabilidad política que la revisión del acuerdo comercial represente para las agendas internas en Washington, especialmente ante los procesos electorales de finales de año.
“Vamos a tener una moneda de dos caras: una presión a México de manera fáctica y por el otro lado una negociación. Por lo tanto se prevén esos 6 meses y pues podríamos cruzar del 2026 al 2027 aún con un montón de negociaciones sin cerrar”, apuntó.
El especialista explicó que la posición de México como principal socio comercial de Estados Unidos representa una ventaja, pero no elimina la posibilidad de una negociación prolongada, similar a la experiencia del primer periodo presidencial de Donald Trump.
Entre los temas que podrían extender las discusiones destacan las reglas de origen del sector automotriz, particularmente por el interés estadounidense de limitar la integración de componentes provenientes de Asia dentro de las cadenas productivas de exportación mexicanas.
Silvia Armendáriz Bárcenas coincidió en que las reglas de origen específicas obligarán a la industria a ajustar sus estrategias y fortalecer la proveeduría local.
“Algunas complicaciones que pudiéramos llegar a tener es sobre todo esas reglas de origen específicas en sectores relevantes como es el sector automotriz”, señaló.
Sin embargo, consideró que el impacto no necesariamente implicaría una salida de inversiones, sino una reconfiguración de las cadenas productivas.
“Más que perder inversiones, creo que la inversión tendría que cambiar el rumbo un poquito. El desarrollo de la proveeduría local va a ser un punto fundamental después de esta renegociación”, afirmó.
La energía, otro punto crítico
Además del sector automotriz, la energía será uno de los ejes centrales de la revisión del acuerdo, debido a que la relocalización de cadenas productivas dependerá de la capacidad de Norteamérica para garantizar un suministro eléctrico suficiente y competitivo.
Juan Trebino explicó que la discusión debe avanzar hacia una visión regional de seguridad energética, donde la infraestructura de transmisión eléctrica y los gasoductos tengan un papel estratégico.
“La soberanía energética no es nacional, sino regional”, afirmó.
El especialista detalló que mientras Estados Unidos enfrenta un incremento acelerado en la demanda eléctrica por la instalación de centros de datos vinculados al desarrollo de inteligencia artificial, también cuenta con un excedente de producción de gas natural, particularmente en el sur de Texas.
En contraste, México enfrenta limitaciones en infraestructura de generación y transmisión para atender las necesidades de nuevos parques industriales.
“México tiene buen sol, México tiene buen viento, pero más que nada tiene buen sol (...) lo que no es cierto es asegurarnos de que tenemos los cables para mandar esa electricidad de los lugares donde está siendo generada a los lugares donde tiene que ser utilizada”, explicó.
Certidumbre jurídica, el otro desafío
Juan Francisco Torres Landa advirtió que México llega a la revisión con una posición negociadora debilitada por cambios constitucionales y legales realizados desde 2018, los cuales, dijo, han generado dudas sobre la certidumbre regulatoria.
“México llega a este momento no con las manos limpias ya que México ha incumplido con el tratado en varias de las reformas que se impusieron a partir de 2018”, señaló.
El abogado mencionó como áreas de preocupación los cambios en energía, organismos constitucionales autónomos y la reforma judicial, al considerar que la falta de garantías institucionales afecta decisiones de inversión con horizontes de hasta 20 años.
También criticó la desaparición de organismos como ProMéxico y la reducción de capacidades de cabildeo y asesoría en Washington, lo que, dijo, dejó espacio para posiciones más proteccionistas en Estados Unidos.
Ante este escenario, consideró que la prioridad de México debe ser mantener la estabilidad del acuerdo y buscar el menor número de modificaciones posibles.
Por su parte, Armendáriz Bárcenas destacó que el gobierno mexicano ha aplicado medidas como mayores controles a importaciones fuera de la región y actualizaciones en padrones de aluminio y acero, con el objetivo de fortalecer la defensa del mercado norteamericano frente a terceros países.
AG
