A pesar de que en 2016 hubo avances en la legislación para aumentar la transparencia y fortalecer el debido proceso en el registro de marcas comerciales, persisten serias preocupaciones por los delitos de propiedad intelectual que se cometen en México, afirma la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés).
El Informe especial 301 2017, documento que analiza la situación que guarda la protección de los derechos de propiedad intelectual en México y otros 34 países, señala que los recortes presupuestarios del gobierno han afectado la aplicación de la propiedad intelectual, que se han traducido en una mayor disponibilidad de productos piratas y falsificados en todo México comparada con el año pasado.
“Persisten serias preocupaciones respecto a la reducción del número de fiscales previamente dedicados a la investigación y enjuiciamiento de los delitos de propiedad intelectual en línea, así como una disminución preocupante en 2016 de las incautaciones”, subraya el organismo.
La USTR indica que la aplicación de la ley contra las presuntas mercancías infractoras en las fronteras se ve obstaculizada por políticas demasiado endebles, puesto que las autoridades mexicanas no pueden tomar medidas contra los envíos en tránsito de presuntos infractores de mercancías a menos que exista evidencia de “intención de ganancia comercial” en el territorio mexicano, lo cual resulta en una situación que es muy difícil de establecer.
La oficina estadunidense puntualiza que para combatir el creciente nivel de infracción de propiedad intelectual en México, se necesita mejorar la coordinación entre los funcionarios federales y organismos locales, así como dedicar recursos adicionales a la aplicación de la ley e imponer sanciones disuasorias contra los infractores.
“EU continúa instando a México a promulgar leyes para modernizar su régimen de derechos de autor, aplicación de los Tratados Internet de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, así como mediante la aplicación de medidas de la grabación no autorizada de películas en los cines”, subraya.
