Con la legalización del uso medicinal y científico de la cannabis, México podría haber dado el primer paso para la creación a mediano y largo plazo de una industria nacional de mariguana, con un valor que, según estimaciones no oficiales, pues hoy todo está en mercado negro, oscila entre los 1,700 y los 2,000 millones de dólares (mdd) anuales (entre uso medicinal y recreativo)… O quizá no.
La nueva fiebre del oro verde tiene a Estados Unidos (EU) y Canadá a la cabeza de una cruzada que promete cerrar 2017 con una importante expansión en los usos de la hierba -de medicinal a recreativa-, y con ellos el mercado, que podría rebasar los 20,000 mdd en cada país para el 2021, según Arcview y Delloite.
En México el panorama es mucho menos alentador. “El país llega dos décadas tarde a la apertura hacia una industria nacional de cannabis medicinal, eso es mucho ante nuestros principales socios comerciales que ya tienen avances en investigación, tecnología, patentes y temas técnicos”, dice Lisa Sánchez, analista de políticas sobre estupefacientes de la organización México Unido contra la Delincuencia (MUCD).
Así, mientras en EU y Canadá trabajan por triplicar el valor de sus mercados en cinco años, México está inquieto respecto del reglamento que la Secretaría de Salud debe elaborar en los 180 días posteriores a la publicación de la reforma en el Diario Oficial de la Federación, y que definirá los alcances reales de la medida aprobada por el Congreso en abril pasado.
“Tibia”, “escasa”, “tímida”, “limitada” son los adjetivos con los que se califica esta reforma a la Ley General de Salud; sin embargo, todos mantienen la esperanza de que el reglamento salve algunos temas indispensables legales y económicos para que, al menos, los enfermos que la necesitan ganen acceso.
Lo que se aprobó facilita la importación y comercialización de productos ya existentes en el mercado, todos extranjeros y de alto precio, de modo que “si no se permite la fabricación y uso de aceites naturales derivados de la planta, no solo no cumpliremos el objetivo de dar acceso a los pacientes que la necesitan, sino que aumentaría la disparidad social”, opina el neuropediatra Saúl Garza.
¿Es un avance? Sí. “Alivia la carga de las familias que hoy la importan para sus enfermos y que tienen que pagar agentes aduanales y el alto costo de los medicamentos en dólares; además ya no necesitarán un juicio de amparo para poder obtener los permisos de importación”, explica Sánchez, de MUCD.
No obstante, añade, “el peor de los mundos sería ser un país productor de cannabis que solo importe medicamentos patentados de países que ya tienen desarrollada su industria, lo que obliga a que siempre haya un pago de regalías bajo las leyes internacionales de comercio”.
Lo ideal sería “que se habilite la Ley de modo que tenga un impacto positivo en México y no solo beneficie a los actores extranjeros que ya trabajan en el tema desde hace años”, concluye la experta.
Ante la expectativa de esta reforma, hace un año que algunas empresas extranjeras pusieron sus ojos y oficinas en México. Entre ellas está HempMeds, justo la que surte la receta de la niña Graciela Elizalde, famosa por llevar a los tribunales su derecho a probar un tratamiento con cannabidiol para mejorar su salud.
Sobre las expectativas a futuro para la cannabis medicinal en el país, Carlos González, director de HempsMeds en México, comenta que se trata de un mercado muy grande y en constante crecimiento. Ya con la ley en marcha, dice, “esperamos un crecimiento de 100% en tres años”.
Una oportunidad de vida
Cuando los padres de Grace escucharon experiencias positivas con el uso del Cannabidiol (CBD) -un derivado de la cannabis- para tratar el síndrome Lennox-Gastaut que su hija padece no lo dudaron. A sus ocho años, sufría alrededor de 400 episodios convulsivos diarios.
“Cuando tienes un hijo con epilepsia refractaria siempre estás en busca de algo que aminore las crisis y la cannabis era otra opción. Ya habíamos agotado todo y decidimos ejercer nuestro derecho de usar este tratamiento aunque involucrara una planta estigmatizada”, cuenta Raúl Elizalde, padre de Grace.
Para 2014, cuando sus padres y su neurólogo, Saúl Garza Morales, decidieron probar con CBD, estaban al punto de la desesperación. Grace ya había tomado todo tipo de fármacos, incluidos los importados de otros países, y había participado en un par de proyectos de investigación, con cirugía cerebral incluida. Pero su condición era la misma.
La Secretaría de Salud negó a los Elizalde el permiso, así que promovieron un proceso legal, con el apoyo de su médico y del exdiputado Fernando Belaunzarán, para que un año después de juicio la Corte les otorgara el permiso para importar desde Inglaterra el tratamiento y utilizarlo.
El resultado ha sido extraordinario. Tras 18 meses, Grace ha disminuido sus crisis de 400 a 10 diarias, “tal vez 20 en un día muy malo”, dice Raúl Elizalde; además, dejó de tomar una gran cantidad de fármacos con los que sufría efectos secundarios. Hoy solo toma su aceite en gotas y un anticonvulsivo. “Ha sido un éxito en todos sentidos porque cuando un ser querido mejora, la vida de toda la familia se impacta positivamente. Estamos muy contentos”. Grace mejoró también la vida de muchos otros, beneficiados de su lucha legal, además de que dio mayor impulso a la reforma.
Del verde claro al verde oscuro
Según los estudios existentes, incluido el del doctor Garza, existen entre 120 y 130 padecimientos de todo tipo que pueden tratarse con derivados de la cannabis.
Pacientes de enfermedades neurológicas, reumáticas, inmunológicas y hasta con ciertos tipos de cáncer, son susceptibles a mejorar su condición de salud o su calidad de vida. “En muchos casos es solo una terapia de dolor, pero ya es un gran avance”, dice Garza Morales.
Hoy se estudian sus efectos terapéuticos en pacientes con Parkinson y la posible remisión del Alzheimer, al reactivar algunas células cerebrales de la memoria.
Sin embargo, no se trata de fumar un cigarro de marihuana y ya, es necesario que el espécimen provenga de determinadas cepas y de un cultivo controlado que garantice las concentraciones adecuadas de CBD y THC (Tetrahidrocannabinol, el ingrediente psicoactivo de la planta), y que tenga un vehículo especial para cada padecimiento y paciente.
Es decir, para algunos pacientes funcionará en aceite, para otros vaporizado o en spray y para unos más bastará con que coman las flores desecadas. Y para cada padecimiento se requiere una dosis y concentración específica de cannabinoides.
Esto plantea quizá el mayor reto del reglamento de la Secretaría de Salud para el uso medicinal de la hierba: Es necesario que el término “medicinal” sea amplio y no limitado solo a los fármacos creados por un laboratorio, luego de un protocolo de siete u ocho años, que es el tiempo promedio de estos procesos.
“Si la Secretaría considera como “medicinal” a las cualidades terapéuticas, podríamos incluir allí los aceites que tanto han beneficiado a pacientes como Grace”, dice el doctor Garza. En EU estos aceites no son considerados fármacos, al no requerir síntesis química, sino suplementos alimenticios.
Si no es el caso, la ley solo beneficiará a los laboratorios extranjeros que producen estos aceites y “obligaría a las familias que no pueden pagar el alto costo del aceite importado a producirlo de manera artesanal en casa, arriesgando la libertad y sin los controles de calidad y concentración debidos”, agregó el neuropediatra, director de Neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología.
La diferencia es enorme. De entre 300 y 400 dólares que cuesta hoy un frasco de aceite con alta concentración de CBD y alta de THC –unos 6,500 pesos incluido el precio y el pago aduanal-, que a pacientes como Grace les sirve para dos meses de tratamiento, un aceite producido en México no debería costar más de 15 dólares.
Investigación efectiva
Otro tema medular es que el reglamento abra la posibilidad de sembrar la planta en pequeñas cantidades, lo que facilitaría la investigación “que no podría hacerse si tenemos que importar la materia prima”, dice Saúl Garza Morales.
Respecto al cultivo, siembra y cosecha de la planta, la Ley incluye la salvedad de que no se ejercerá acción penal contra las personas que lo hagan con autorización, comenta Lisa Sánchez de MUCD, “pero no sabemos cuáles son los criterios que establecerá la Secretaría de Salud para dar la autorización, ni a quiénes, personas físicas o morales, se les podrá brindar”.
MUCD invita a la Secretaría de Salud a considerar la importancia de que la regulación impulse una práctica eficiente de la investigación en universidades, hospitales y laboratorios públicos y privados.
“Existe el peligro de que la investigación se limite a dos o tres actores que sabemos deben participar, pero que podrían ser muy lentos y tienen sus propios problemas presupuestales, lo que alargaría el tema a siete años mínimo”, dice Sánchez.
“Es la desventaja competitiva más grande de México frente a sus competidores directos, para abarcar un mercado que forzosamente necesitará productores”, advierte la experta. De esta manera, el mercado medicinal de cannabis en México de un valor posible de 600 y 700,000 mdd, según el fondo Privateer Holdings, se esfumaría en la burocracia.
Además del marco regulatorio que permita la investigación adecuada, agrega Sánchez, es necesario que se autorice una variedad de preparaciones -o solo en aceite-, que permitan aprovechar las cualidades terapéuticas de la planta para diversas enfermedades y se evite el surgimiento de actores preponderantes y oligopolios o monopolios en el mercado.
Así pues, en cuanto las reformas se publiquen el Diario oficial de la federación, el balón estará en la cancha de la Secretaría de Salud, que con su reglamento determinará si México tendrá una industria de cannabis medicinal propia y prometedora, o las empresas de cannabis extranjeras podrán venir y, simplemente, hacer su agosto.
