Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar la solicitud de Citigroup para evitar una demanda que acusa al banco de causar más de mil millones de dólares de pérdidas al orquestar un vasto fraude en la empresa mexicana en quiebra de servicios de petróleo y gas Oceanografía.
Los jueces rechazaron la apelación de Citigroup contra la decisión de un tribunal inferior de mayo de 2025 de revivir la demanda de más de 30 reclamantes, entre ellos, tenedores de bonos de Oceanografía, compañías navieras y Rabobank, con sede en los Países Bajos. De este modo, el máximo tribunal mantiene la decisión del inferior.
Oceanografía prestaba servicios de perforación a la petrolera estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) antes de que el gobierno mexicano la embargara en 2014. Dos años después se declaró en quiebra.
Los demandantes acusaron a la unidad Banamex de Citigroup, con sede en Nueva York, de adelantar 3 mil 300 millones de dólares a Oceanografía entre 2008 y 2014, a pesar de saber que la empresa tenía demasiada deuda y había falsificado firmas de Pemex en formularios de autorización.
Citigroup descubrió más tarde 430 millones de dólares de anticipos fraudulentos. La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos multó a Citigroup con 4.75 millones de dólares en 2018 por los controles internos de Banamex.
Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 11º Circuito de Estados Unidos consideró suficientes las alegaciones de que Citigroup ocultó información clave sobre Oceanografía a los demandantes, mientras se beneficiaba de los pagos de intereses que cobraba por los anticipos.
El tribunal también dijo que, suponiendo que las alegaciones fueran ciertas, "resulta difícil de creer" que un banco tan sofisticado como Citigroup no supiera lo que estaba haciendo Oceanografía.
En el recurso presentado por Citigroup ante la Corte Suprema sólo se cuestionan las reclamaciones de los tenedores de bonos.
Citigroup dijo que no se debería haber permitido a los tenedores de bonos presentar sus demandas civiles por fraude de valores "comunes y corrientes" en virtud de la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por la Mafia (RICO, por sus siglas en inglés), una ley federal contra la extorsión que permite el pago del triple de daños y perjuicios.
El banco también dijo que la decisión del 11º Circuito entraba en conflicto con las sentencias de otros tres tribunales federales de apelación.
En respuesta, los tenedores de bonos dijeron que el Congreso no tenía la intención de excluir sus demandas RICO simplemente porque alguien más, como la SEC, podría haber presentado demandas por fraude de valores.
Los tenedores de bonos también dijeron que era posible que ningún demandante privado pudiera presentar demandas por fraude de valores porque no había ninguna alegación de que alguien hubiera negociado basándose en declaraciones fraudulentas.
MRA
