La delegación Laguna de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) advirtió que la incertidumbre jurídica generada por la Reforma Judicial se ha convertido en un factor determinante que impacta de manera directa en la planeación, expansión y desarrollo de los negocios en la región.
Los señalamientos coinciden con los datos nacionales del indicador Data Coparmex, los cuales revelan que 7 de cada 10 empresas reporta impactos negativos de la Reforma y 3 de cada 10 ya redujo o pospuso inversiones. Además, el 80.8 % de las empresas ya modificó o evalúa modificar su estrategia de protección jurídica ante incertidumbre sobre propiedad, contratos y acceso al amparo.
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Al respecto, Mary Carmen Reyes, presidente de la Coparmex Laguna, compartió que los resultados reflejan que el debate en torno a la Reforma Judicial ya comienza a reflejarse en decisiones que impactan directamente la inversión, la expansión de los negocios y la generación de empleo formal.
Con la participación de 3 mil 721 empresas afiliadas a los 71 Centros Empresariales de Coparmex en México, el 38.9 % de las empresas señalan que ahora actúa con mayor cautela para invertir.
Certeza jurídica para las empresas
Ante ello, agregó que para quienes invierten y generan empleo, la certeza jurídica significa contar con reglas previsibles, autoridades independientes, procesos imparciales y mecanismos eficaces para hacer cumplir los derechos, ante lo cual consideró como indispensable una evaluación permanente de los resultados y efectos de la Reforma Judicial.
“En Coparmex hemos sostenido que México necesita un sistema de justicia que responda a los problemas de acceso, lentitud, corrupción e impunidad, pero también que preserve la independencia judicial, la profesionalización, la imparcialidad y el Estado de Derechos”.
Como propuesta, la Coparmex Nacional solicita abrir una agenda técnica de seguimiento y diálogo con el nuevo Poder Judicial, con indicadores que permitan evaluar tiempos de resolución, acceso a la justicia, independencia de las personas juzgadoras, previsibilidad de los criterios y eficacia en la protección de los derechos.
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