A casi 42 años del golpe de Estado cívico-militar que el 11 de septiembre de 1973 abortó la primera experiencia histórica de un gobierno socialista elegido en las urnas, la llamada “vía pacífica al socialismo” del presidente Salvador Allende –quien prefirió quitarse la vida antes que rendirse ante los golpistas–, la sociedad chilena sigue condicionada por la sombra de la dictadura, si bien la imagen de Augusto Pinochet, muerto impune en 2006 con 91 años, ha ido perdiendo adeptos, incluso entre la clase militar.
Las marcas de la larga dictadura (1973-1990) aún perviven en la Constitución, pero también en la vida diaria de los chilenos, 75% de los cuales opina que “aún se nota la huella del régimen militar” porque “no se han olvidado las divisiones y los rencores del pasado”, aunque 66% estima que “nunca hay motivos para respaldar una asonada militar”, frente a 23% que defiende el golpe, según la consultora Mori-Cerc (Santiago, 5-08).
Como sea, 76% de los encuestados cree que Pinochet –quien encarnó uno de los regímenes más represivos del siglo XX en Sudamérica, con el respaldo abierto de EU y el FMI– pasará a la historia como “un dictador”, si bien la justicia se ha visto impedida de saldar las cuentas en materia de violaciones a los derechos humanos.
Al respecto, al asumir su segundo mandato en marzo de 2014, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet (1951) lo hizo a nombre de una coalición de centro-izquierda, Nueva Mayoría, integrada por socialistas, comunistas y demócrata-cristianos, cuyo denominador común es su filiación antidictadura y también en pro de intereses no ligados al modelo pinochetista. Pero si bien la doctora Bachelet –cuyo primer gobierno fue en 2006-2010– ganó en 2013 con 62.15% de votos, lo hizo frente a una abstención de casi 60%, expresión del descontento de amplios sectores, en su mayoría jóvenes, que acusan a la clase política que emergió de la ruptura del orden constitucional de “corrupta” y “oportunista”.
Ante esto, con un nuevo discurso y un nuevo programa a nombre de los “demócratas progresistas”, Bachelet busca generar confianza y asegurar que los principales reclamos sociales sean atendidos, entre ellos una reforma laboral y una radical reforma del sistema educativo –uno de los más elitistas y costosos del planeta–, junto a un nueva Constitución que deje atrás la herencia del modelo neoliberal de Pinochet.
Porque fue gracias, no al libre mercado, sino a la nacionalización de las minas de cobre que estaban en manos de las mineras estadunidenses Anaconda y Kennecott, dispuesta en 1973 por Allende –uno de los motivos que le costó la vida–, que Chile pudo disfrutar en las décadas siguientes de los beneficios de su principal producto de exportación, como parte del llamado “milagro económico” chileno. Además del sector agrícola, segundo motor del crecimiento, gracias también a la reforma agraria de Allende que parceló las haciendas feudales y dio pie a una nueva clase de campesinos propietarios y cooperativistas empresariales.
En el último año, no obstante, el retraimiento de la economía ante la drástica caída de la inversión privada, en especial por el fin del boom de la minería y la caída de los precios del cobre, pero también por el recelo de un sector del empresariado ante los cambios que incluyen una reforma tributaria, es parte de los nuevo desafíos del país; cuyo reto estructural sigue siendo asegurar un acceso más democrático a los servicios y la riqueza, aun cuando Chile logró reducciones importantes en los niveles de pobreza extrema y moderada –20.8% en 1990 a 2.0% en 2013 en el primer caso y 40.8% a 6.8% en el segundo–, cuando el nivel de ingresos, 21 mil 714 dólares per cápita (2013) sigue estando muy por debajo del promedio de 38 mil 660 dólares de los países de la OCDE, socios de Chile.
