La iniciativa de reforma a la Ley de Inversión Extranjera (LIE) sorprendió al sector privado, debido a que el gobierno mexicano ya cuenta con facultades para detener proyectos que considere inconvenientes para el país, por lo que ampliar los mecanismos de revisión podría generar incertidumbre y frenar inversiones legítimas.
José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), señaló en entrevista para MILENIO que el sector privado no fue consultado para la elaboración de la propuesta enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y advirtió que cualquier modificación al marco vigente debe aplicarse con precisión.
“Cualquier cambio, desde luego, genera incertidumbre; el gobierno mexicano ya podía, con el esquema actual de aprobación de inversión extranjera, detener alguna inversión si consideraba que no ayudaba al país”, afirmó.
El dirigente empresarial adelantó que el CCE dará seguimiento a la discusión del dictamen en el Senado, particularmente por los alcances que tendría la incorporación de nuevas dependencias al proceso de revisión de inversiones.
La propuesta contempla integrar a la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
“Nosotros la conocimos una vez que fue enviada y, bueno, cualquier cambio genera incertidumbre. Esperamos con atención la discusión que haya de esta iniciativa de Ley, sobre todo en cómo se aplica para lograr que esto no detenga inversiones”, señaló Medina Mora.
Más controles para sectores estratégicos
La propuesta establece que la participación extranjera que pretenda superar 49 por ciento del capital social de una sociedad mexicana requerirá autorización de la CNIE.
El mayor escrutinio recaería sobre inversiones vinculadas con infraestructura estratégica física o virtual, incluyendo sectores como minería, energía, almacenamiento de datos, sistemas digitales, tecnología, aeroespacial y defensa.
También se contemplan actividades relacionadas con tecnologías críticas y productos de doble uso, entre ellas Inteligencia Artificial (IA), robótica, fabricación de semiconductores y ciberseguridad.
El proyecto plantea además que la comisión entregue al Congreso un informe cuatrimestral sobre inversión extranjera y un reporte semestral relacionado con la gestión de la seguridad nacional.
El endurecimiento de la revisión ocurre mientras el sector privado busca precisamente atraer más capital hacia actividades tecnológicas. El CCE, en coordinación con el Senado, presentó recientemente la “Alianza Nacional Digital”, iniciativa que busca facilitar la llegada de inversiones tecnológicas e impulsar la digitalización del país.
Este punto adquiere relevancia debido a que las exportaciones tecnológicas de México crecieron 148 por ciento en el último año y superaron los 163 mil millones de dólares, de acuerdo con datos de UBS.
México sigue la ruta de Estados Unidos
Medina Mora consideró que la iniciativa está alineada con los mecanismos de revisión que utiliza Estados Unidos, por lo que México podría poner un mayor foco en inversiones provenientes de países con los que no mantiene acuerdos comerciales.
“El incluir que ahora en esa aprobación participen la Sedena, Marina, la UIF, el SAT y Seguridad Pública es algo que se alinea con lo que hace Estados Unidos”, mencionó.
Estados Unidos limita determinadas inversiones extranjeras —principalmente de origen chino— mediante órdenes ejecutivas que han ampliado las facultades del Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS) para revisar operaciones relacionadas con infraestructura crítica, tecnología avanzada, Inteligencia Artificial, minerales estratégicos y cadenas de suministro.
Por ello, una mayor alineación entre ambos países podría traducirse en un mayor escrutinio sobre capitales asiáticos que busquen establecerse o expandirse en México.
Entre las empresas asiáticas con presencia en el país se encuentran Hisense, Xiaomi, Ningbo Xusheng, State Power y diversas automotrices.
Una de las compañías que podría enfrentar una mayor revisión en sus proyectos es Huawei, que mantiene un despliegue relevante de infraestructura de telecomunicaciones y conectividad digital en México.
Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber (AmCham), señaló que en Estados Unidos este tipo de revisiones se aplica desde los años setenta y consideró que un mecanismo similar puede contribuir a proteger infraestructura estratégica.
“Si se implementa de la manera correcta, puede ser una capa que ayude a protegernos como país en temas de seguridad nacional; no quieres tener a un país extranjero poco confiable con una inversión crítica en nuestra infraestructura”, refirió Casas Alatriste.
Riesgo para inversiones legítimas
El principal temor de la iniciativa para el sector privado no radica únicamente en la existencia de controles, sino en el margen de discrecionalidad que podrían tener las autoridades para determinar qué inversiones representan un riesgo para la seguridad nacional.
La firma legal Von Wobeser y Sierra advirtió en un análisis que, de aprobarse la reforma, los inversionistas extranjeros y las empresas mexicanas involucradas deberán evaluar los riesgos regulatorios desde las primeras etapas de sus proyectos.
El despacho señaló que conceptos como “riesgos o amenazas a la seguridad nacional”, “instalaciones sensibles” o la posibilidad de incluir sectores “análogos” mediante resolución general darían a la CNIE un amplio margen de discrecionalidad.
“En la práctica, la invocación de la seguridad nacional podría operar como una barrera de entrada para inversiones legítimas”, consideró la firma.
El despacho también subrayó la falta de mecanismos específicos de revisión o apelación más allá de los medios de defensa ordinarios.
Actualmente, más de 40 países cuentan con comités o mecanismos gubernamentales para evaluar inversiones extranjeras por motivos de seguridad nacional, entre ellos Canadá, Australia, Japón, Reino Unido y diversos integrantes de la Unión Europea.
Para el sector privado, el reto será que la ampliación de estos filtros permita identificar y contener capitales que efectivamente representen un riesgo para el país, sin convertir la revisión de seguridad nacional en una barrera que termine desalentando inversiones productivas.
jjb
