Con el objetivo de reducir cargas administrativas y eliminar la duplicidad de funciones en la supervisión del sector hidrocarburos, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) hizo oficial la abrogación del acuerdo de delegación de facultades a la dirección general de Gestión de Operación Integral.
La medida publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) instrumenta los lineamientos del Plan México y el Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización impulsados por la administración federal.
Te recomendamos
En las consideraciones se explicó que “el Plan México es una estrategia integral orientada a impulsar el desarrollo económico equitativo, sustentable y con prosperidad compartida, mediante el fortalecimiento de las capacidades productivas nacionales, la atracción de inversiones y la consolidación de un entorno regulatorio más eficiente, competitivo y accesible para las personas y sectores productivos del país”.
Dentro de los ejes prioritarios de la Administración Pública Federal, se contempla la implementación del Modelo Nacional de Simplificación y Digitalización, el cual tiene por objeto reducir cargas administrativas y regulatorias, homologar procesos, digitalizar trámites y servicios, así como fortalecer la eficiencia institucional en beneficio de la ciudadanía y de las personas sujetas a regulación.
El acuerdo derogado, emitido originalmente el 24 de diciembre de 2025, delegaba a dicha dirección general tareas de supervisión y vigilancia sobre auditores externos, organismos de certificación, laboratorios de prueba o calibración, unidades de inspección y garantías financieras de los regulados.
El nuevo documento especifica que “tales atribuciones ya se encuentran otorgadas explícitamente a la unidad de Supervisión, Inspección y Vigilancia Industrial, así como a la dirección general de Supervisión, Inspección y Vigilancia de Operación Integral en el Reglamento Interior del órgano regulador”.
De acuerdo con la publicación de la ASEA, la consolidación de facultades busca brindar certidumbre jurídica, incrementar la eficiencia operativa y promover un marco regulatorio más ágil y transparente, sin poner en riesgo la protección de las personas, el medio ambiente ni la infraestructura del sector energético del país.
PSAJ
