La reforma al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para 2027 pone en riesgo la operación de mil agencias automotrices y alrededor de 70 mil empleos directos, debido a que limita las deducciones fiscales de las distribuidoras, incluso cuando sus ganancias son mínimas.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), advirtió que la disposición establece un límite de 96.6 por ciento a las deducciones de gastos, lo que puede obligar a las empresas a pagar impuestos sobre utilidades que en realidad no obtuvieron.
Te recomendamos
Una vez que el congreso aprobara una reserva para excluir de esta restricción a las armadoras automotrices y a los distribuidores de combustibles, las agencias de vehículos quedaron fuera del beneficio, por lo que mantienen su exigencia de recibir el mismo tratamiento fiscal.
El problema, explicó Rosales, es que las distribuidoras trabajan con márgenes de ganancia muy reducidos y destinan la mayor parte de sus ingresos a pagar los vehículos a las armadoras, salarios, operación de talleres, rentas y financiamiento.
De acuerdo con un análisis financiero de la AMDA, basado en una muestra de agencias y en cifras del ejercicio fiscal 2025, por cada 100 pesos que vende una distribuidora, apenas obtiene 38 centavos de utilidad antes del pago del ISR y del reparto de utilidades a los trabajadores.
De ese total, 85.05 pesos se destinan a pagar los vehículos a los fabricantes, mientras que 9.13 pesos se utilizan para cubrir gastos departamentales, como talleres, vendedores y exhibición de unidades.
Además, otros 3.48 pesos corresponden a gastos administrativos y corporativos, y 1.96 pesos al costo del financiamiento.
Al final, la ganancia antes de impuestos se reduce a sólo 38 centavos, advirtió la Amda.
La asociación señaló que el cambio fiscal puede provocar que las empresas con márgenes de utilidad de 1 por ciento terminen pagando impuestos equivalentes a la totalidad de su ganancia, mientras que en aquellas con márgenes de 0.5 por ciento la carga efectiva podría alcanzar 200 por ciento de su utilidad.
Rosales sostuvo que esta situación no responde a prácticas de evasión fiscal, sino a las condiciones económicas del negocio, que además enfrenta una reducción de 30 por ciento en su rentabilidad durante los últimos cinco años.
A esto se suma que el promedio de vehículos vendidos por agencia pasó de 701 unidades anuales en 2016 a 566 en 2025, lo que ha reducido todavía más los ingresos de las distribuidoras.
El dirigente consideró que la exclusión de las armadoras y de los distribuidores de gasolina y diésel fue una decisión positiva del Poder Legislativo, pero insistió en que las agencias también son un sector altamente fiscalizado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Incluso, destacó que las distribuidoras trabajan principalmente con un solo proveedor, las armadoras, y que las operaciones de compraventa de vehículos cuentan con controles de facturación y mecanismo para prevenir el lavado de dinero.
Por ello, solicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum la emisión de un decreto de facilitación fiscal que permita a las agencias quedar fuera del límite a las deducciones y evitar el cierre de empresas.
La asociación advirtió que la afectación no se limitaría a los empleos directos de las distribuidoras, pues el sector genera alrededor de 180 mil puestos de trabajo y representa una fuente de recaudación de impuestos federales, estatales y municipales.
PSAJ
