Texas declaró como su propiedad nueve islotes que se encuentran en el río Bravo y cuya pertenencia se encuentra en vilo entre México y Estados Unidos, con el argumento de bloquear a la delincuencia organizada.
A lo que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que la frontera no puede modificarse por decisión de un gobierno estatal, pues está establecida en tratados internacionales.
La comisionada de Tierras de ese estado, Dawn Buckingham, anunció a través de la Oficina General de Tierras la división que identificó los terrenos como propiedad del gobierno local, lo que permitirá un reforzamiento de seguridad en colaboración con agencias federales e incluso el ejército.
De acuerdo con un comunicado, los nueve terrenos constan de un total de 66 acres y, luego de que se tuviera cierta incertidumbre sobre la pertenencia de los islotes, ahora quedarán bajo resguardo de los departamentos Militar y de Seguridad Pública de Texas.
“La comisionada Buckingham está coordinando con socios de autoridades estatales y federales para asegurar que se tengan las coordinadas necesarias para llevar a cabo operaciones de seguridad fronteriza, enfrentar cualquier actividad ilegal y proteger a las comunidades alrededor”, explicó la dependencia.
Los nueve islotes se encuentran en una zona que abarca las ciudades de Laredo a McAllen, según un mapa diseñado por la Comisaría de Tierras del estado. La titular admitió que por el momento no se ha detectado que la zona sea utilizada para fines delictivos, pero aclaró que experiencias previas muestran que zonas similares pueden ser vulnerables.
“La tierra de Texas nunca se convertirá en un lugar seguro para cárteles, traficantes de personas, contrabandistas y otras organizaciones criminales”, apuntó Buckingham en el comunicado.
De acuerdo con la agencia estatal, este anuncio marca la culminación del proyecto “Protégelo”, una iniciativa del estado para fortificar las líneas fronterizas y adquirir terrenos para la construcción de muros, obstáculos e instalaciones, en lo que representa un espaldarazo a las duras políticas contra la migración irregular del presidente Donald Trump.
Por su parte, la cancillería recordó vía comunicado que los límites entre ambos países están definidos en documentos firmados por ambos países.
“El Tratado de Límites de 1970 entre México y EU establece que, en el río Bravo, el límite internacional corre por el centro del cauce normal del río. Ese límite determina la soberanía de las tierras en ambos lados de la frontera, independientemente de la soberanía previa que hayan tenido esas tierras.
“La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) es la instancia facultada por ambos gobiernos para aplicar el tratado y determinar de qué lado del límite se encuentra cada isla. Ninguna autoridad estatal tiene esa atribución. Conforme al tratado, ningún país puede construir obras que, a juicio de la CILA, puedan desviar u obstruir el escurrimiento normal del río”, precisó.
La dependencia advirtió que “México dará seguimiento puntual a cualquier acción en la zona y reitera su compromiso con el cumplimiento de los tratados que rigen la frontera común y con el diálogo bilateral a través de los mecanismos establecidos”.
Respeto al territorio
El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, aseguró que las tensiones geopolíticas perturban el comercio y afectan a quienes menos tienen, por lo que hizo un llamado a los países miembros del G20 a privilegiar el diálogo, la diplomacia y el respeto al derecho internacional.
El canciller mexicano participó este viernes en la primera sesión de trabajo Tensiones Geopolíticas, durante la Reunión de Ministros de Exteriores del G20, encabezada por Marco Rubio en Atlanta (Georgia).
“Hacemos un llamado a todos los miembros a situar el diálogo, la diplomacia y el respeto inquebrantable al derecho internacional y al derecho internacional humanitario en el centro de nuestra labor”, expresó el canciller.
En su mensaje, Velasco propuso cinco prioridades estratégicas globales: fortalecer la diplomacia y el papel de las Naciones Unidas en la resolución pacífica de los conflictos; garantizar que la ayuda humanitaria llegue a quienes la necesitan; incrementar la cooperación para proteger los suministros de bienes esenciales a través de cadenas más resilientes, rutas diversificadas y una mayor capacidad productiva.
Los otros dos objetivos propuestos implican atender las causas que generan la inestabilidad y el desplazamiento —como la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades— y el asegurar financiamiento predecible para la asistencia humanitaria, con atención prioritaria a la infancia, mujeres y a grupos vulnerables.
En su intervención, advirtió que las tensiones geopolíticas trascienden las arenas donde se generan los conflictos, perturban el comercio, incrementan los costos de vida y afectan a quienes menos recursos tienen.
Ante esas tensiones internacionales, el canciller aseguró que la respuesta de México ha estado fundamentada en la igualdad soberana. “Conforme al derecho internacional, todos los Estados son iguales y están sujetos a las mismas normas que rigen sus relaciones mutuas”, afirmó.
“La soberanía y la integridad territorial de cada Estado merecen respeto”, agregó.
Velasco destacó que la respuesta de México parte de la tradición pacifista y de los principios de política exterior consagrados en la Constitución, como la no intervención, la solución pacífica de las controversias y la cooperación internacional para el desarrollo.
El funcionario reiteró el compromiso de seguir trabajando con los miembros del G20 en favor de una paz duradera, una economía global más resiliente y una prosperidad compartida, sin dejar a nadie atrás.
