Tras una larga batalla legal y mediática, y cuando estaba a punto de convertirse en la primera paciente que recurriría a la eutanasia (ilegal) en Italia, Libera, una mujer de 55 años de edad, completamente paralizada a causa de la esclerosis múltiple progresiva, obtuvo la autorización de un juez para morir aplicándose ella misma el fármaco letal con una maquinaria que puede activarse a través de un sensor de voz o un apuntador ocular.
Libera, que significa "libre", es el nombre de fantasía que la paciente eligió para mantener su privacidad, no podía acceder al suicidio asistido y legal en Italia desde 2019, pues sus condiciones de salud le impedían tomar por su propia mano la sustancia que pondría fin a sus sufrimientos.
“Libera quiere morir y reúne todos los requisitos para tener acceso al suicidio asistido establecidos por la sentencia 242 del Tribunal Constitucional de 2019. Sin embargo, no está en condiciones de tomar autónomamente el fármaco letal. Está completamente paralizada del cuello hacia abajo, tiene problemas para deglutir y depende de su cuidador para todas sus actividades cotidianas”, explicó a MILENIO Marco Cappato, tesorero y líder histórico de la Asociación Luca Coscioni que, entre otras cosas, promueve la legalización de la eutanasia.
Ante la imposibilidad de Libera de tomar por sí misma la sustancia letal, Filomena Gallo, secretaria nacional de la Asociación Luca Coscioni y abogada de la paciente, presentó en marzo pasado una instancia de urgencia al tribunal de Florencia para que autorizara a su médico a suministrárselo.
En entrevista con MILENIO, Gallo precisó, sin embargo, que la intervención directa del médico configuraría ya no un suicidio asistido (en el que el paciente toma por sí mismo el fármaco letal), sino un caso de eutanasia (en la que es otra persona la que suministra la sustancia al enfermo), ilegal en Italia, por lo que podría ser acusado de homicidio, con una pena de hasta 15 años de cárcel.
El caso fue turnado al Tribunal Constitucional, que debía evaluar la constitucionalidad del artículo 579 del Código Penal —que castiga a quien provoca la muerte a una persona incluso con su consenso—para que estableciera si se podía autorizar una excepción.
“Pero antes de determinar la constitucionalidad del artículo 579, los jueces dijeron que se debía buscar en toda Italia, a través del Ministerio de la Salud y del sistema sanitario, si existían maquinarias o instrumentos que pudieran ser activados por Libera con los ojos o con un comando vocal para tomar el fármaco letal”, señaló.
Carrera contra el tiempo
El límite establecido era el 8 de octubre y el día 13 del mismo mes. El Ministerio de Sanidad, el Instituto de Sanidad y el Consejo Superior de la Sanidad anunciaron que no existían los instrumentos para ayudar a Libera a suministrarse la sustancia que pondría fin a su vida.
La paciente emitió un comunicado en el que dijo que había superado el límite de resistencia humana del dolor físico y psíquico, y pedía, con carácter urgente, que se autorizara a su médico a ayudarla a morir o de otra manera se vería obligada a emprender otra vía “con efecto inmediato”.
Cappato, por su parte, advirtió que si el Estado italiano no encontraba inmediatamente el modo de poner fin al sufrimiento de Libera, la Asociación Luca Coscioni asumiría “la responsabilidad de ayudarla (a morir) con acciones de desobediencia civil ante la violencia que está sufriendo”.
Pero, inesperadamente, el 14 de octubre la propia asociación anunció que la oficina sanitaria local, que corresponde a Libera por residencia, había encontrado la maquinaria para ayudarla a suministrarse el fármaco letal, a través de una bomba de infusión activada mediante un sensor de voz o un apuntador ocular.
Al día siguiente, el Tribunal de Florencia, en específico el juez Umberto Castagnini, emitió una ordenanza de urgencia en la que ordenó a esa oficina sanitaria (ubicada en la región de Toscana) entregar a Libera, en un plazo perentorio no mayor de 15 días, la maquinaria para que pueda acceder a la muerte voluntaria y poner a disposición de su médico de confianza, que la asistirá en el proceso, los instrumentos y fármacos necesarios.
“Esta decisión del Tribunal de Florencia representa un paso de civilidad y de coherencia jurídica. El juez ha afirmado que el derecho a la autodeterminación en las decisiones sobre el fin de la vida no puede quedarse en la teoría, sino que debe hacerse efectivo a través del deber del Estado y del servicio sanitario de garantizar todos los medios necesarios”.
“Libera ha luchado no solo por sí misma, sino por todas las personas que, plenamente conscientes, están prisioneras de sus propios cuerpos y solamente piden poder ejercer un derecho reconocido por el Tribunal Constitucional”, dijo Gallo en un comunicado.
Por su parte, Cappato declaró, también a través de un comunicado, que Libera obtuvo de la justicia italiana e incluso contra la posición del gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, “un precedente fundamental para las personas en sus condiciones”.
Suicidio asistido legal en Italia
Fue justamente la sentencia 242 del Tribunal Constitucional, que en 2019 absolvió a Cappato, la que abrió la puerta para que el suicidio asistido fuera legalizado en Italia.
El activista fue enjuiciado por haber acompañado a morir a Suiza al disck jockey Fabiano Antoniani, conocido como Dj Fabo, quien había quedado tetrapléjico y ciego a causa de un choque automovilístico.
Tras el accidente, Dj Fabo emprendió una lucha política y mediática para poder morir dignamente en Italia, pero no obtuvo la autorización. En marzo de 2017, acompañado por Cappato, viajó a una clínica de Zurich, donde puso fin a su vida con el suicidio asistido.
Más de dos años después, en una sentencia histórica, el Tribunal Constitucional italiano estableció que no había delito que perseguir en el acompañar a una persona a morir sí se cumplían determinadas condiciones: que la patología fuera irreversible, que el enfermo considerara intolerable su sufrimiento, que estuviera lúcido y consciente y que fuera mantenido con vida a través de tratamientos de apoyo vital.
“Yo fui absuelto porque Dj Fabo reunía todas esas condiciones. Si se cumplen esas condiciones, la persona tiene derecho a ser ayudada a morir. Esta sentencia tiene valor de ley, pero esta ley no da los procedimientos a través de los cuales este derecho puede ser puesto en práctica”, explicó Cappato a MILENIO.
De hecho, a causa de ese vacío legal, dos regiones italianas, Toscana y Cerdeña, emitieron recientemente (en febrero y septiembre pasados, respectivamente) leyes que facilitan y regulan en esas entidades el suicidio asistido.
“Toscana y Cerdeña han aprobado reglas para tener procedimientos claros. Las regiones obviamente no pueden cambiar la ley nacional, no pueden cambiar la sentencia del Tribunal Constitucional, tampoco pueden decidir quién tiene derecho y quién no. Pero las regiones tienen competencia para la gestión de la sanidad y entonces pueden decidir sobre procedimientos sanitarios”, apuntó el activista, también ex europarlamentario y ex presidente del Partido Radical italiano.
Resaltó que las dos regiones aprobaron una normativa diseñada por la Asociación Luca Coscioni, que fue presentada como iniciativa de ley popular y que prevé, entre otras cosas, un plazo de no más de 30 días para establecer si la persona que pide acceder al suicidio asistido tiene los requisitos.
“La primera persona que obtuvo el suicidio asistido en Italia debió esperar dos años antes de que verificaran si cumplía con las condiciones establecidas por la Corte Constitucional”, recuerdó Cappato.
Esa persona era conocida como Mario, pero en realidad se llamaba Federico Carboni, tenía 44 años de edad y en 2010 había quedado terapléjico a causa de un accidente automovilístico. El 16 de junio de 2022, con la ayuda de maquinaria especial comprada gracias a una colecta promovida por la Asociación Luca Coscioni, Mario se suministró el fármaco que puso fin a su vida en su casa de Senigallia, en la central región de Marche.
La novena persona en recibir la autorización para el suicidio asistido, la periodista Laura Santi, enferma de esclerosis múltiple en estado avanzado, debió esperar tres años de procesos civil y penal y el pasado 21 de julio tomó el fármaco letal en su casa de Perugia, Umbria (centro).
Diez personas han obtenido el suicidio asistido en Italia
Cappato explica que desde 2019 hasta ahora 10 personas han puesto en práctica el suicidio asistido en Italia, aunque en total son 16 las que han recibido la autorización.
Las restantes seis o han cambiado de idea o esperan poner próximamente en práctica la “muerte voluntaria”, como prefiere llamarla Cappato. La última autorizada fue Ada, una mujer de Nápoles con esclerosis lateral amiotrófica, quien, tras una larga batalla, el 8 de octubre pasado recibió el visto bueno para acceder al suicidio asistido con el total patrocinio del servicio de salud público.
El primer caso de suicidio asistido con la ayuda completa del servicio sanitario italiano, que proporcionó tanto el fármaco letal, como la maquinaria necesaria para que la paciente se lo pudiera suministrar, fue el de Anna, quien, al igual que Libera, tenía 55 años de edad y padecía esclerosis múltiple avanzada.
Anna murió en noviembre de 2023 después de más de un año de haber hecho la solicitud para acceder a la muerte voluntaria.
Pero debido a los obstáculos burocráticos y a los largos tiempos de espera en Italia —que según Cappato son en realidad obstruccionismo institucional— otras personas han decidido viajar a Suiza, donde el sistema sanitario nacional permite el suicidio asistido de extranjeros y da una autorización mucho más rápida.
Fue el caso de Martina Oppelli, una mujer de 50 años de edad que desde que tenía 25 padecía de una patología neurodegenerativa progresiva, quien en julio pasado prefirió viajar a Suiza para morir, antes que seguir esperando los tiempos interminables de la burocracia.
“Estoy aquí y quiero morir dignamente en Suiza. ¿Por qué debemos viajar al extranjero? ¿Por qué debemos pagar y hacer viajes absurdos? Yo hice un viaje larguísimo a pesar de que hacía más de un mes que no salía de mi casa y desde hace 11 años no viajaba fuera de mi ciudad. Ha sido un esfuerzo titánico, pero lo he hecho para poner fin dignamente a mi sufrimiento”, dijo Oppelli en un video grabado poco antes de morir, en el que pidió aprobar en Italia “una ley sensata que regule el final de la vida” y que permita “una muerte digna” a los enfermos incurables.
Cappato, quien nuevamente está bajo juicio —al lado de otras 12 personas— por haber acompañado a enfermos a morir en Suiza, explicó que sólo una mínima parte de quienes desean poner fin a su vida están en condiciones de viajar a ese país y que el costo va de los 10 mil a los 12 mil euros, en promedio.
“Pero el problema es que muy pocos logran acceder al suicidio asistido en Suiza, no tanto por razones económicas, sino porque en realidad una persona que toma esaa decisión debe estar muy mal y entonces probablemente cuando decide emprender tal camino ya no está en condiciones de viajar”, expresó.
Busca gobierno de Meloni obstaculizar el suicidio asistido
A pesar de que la sentencia del tribunal Constitucional de 2019 legalizó el suicidio asistido, el gobierno de Giorgia Meloni ha presentado una iniciativa de ley, que actualmente se discute en el Parlamento, con la que busca restringir ese derecho.
“El gobierno quiere bloquear el suicidio asistido. Esta es mi interpretación política, porque han propuesto una ley que cancela el papel del servicio sanitario nacional de las regiones. Dicen que no es la región la que se debe encargar de regular el suicidio asistido, no es el servicio sanitario nacional, no son los medios públicos, sino que el paciente debe recurrir al sector privado, debe pagar y la evaluación la hace un comité nacional designado políticamente” , dijo Cappato.
En particular, señaló, la iniciativa de ley del gobierno cambia la cuarta condición para tener derecho a la muerte voluntaria, la que establece que el paciente debe ser mantenido con vida con tratamientos de apoyo vital —que incluyen maquinaria, medicinas, asistencia de cuidadores, enfermeros, etcétera— por una que solamente acepta tratamientos sustitutivos de funciones vitales, lo que significa que únicamente se autorizaría a enfermos mantenidos con vida con maquinaria especial.
“De esta manera buscan abatir el número de personas que pudieran tener derecho, pues las personas conectadas a una máquina son pocas”, adviertió Cappato.
IYC
