Al cabo de un sendo maratón legislativo, la mayoría republicana del Senado se impuso y aprobó la Secure America Act, que busca una expansión del aparato migratorio y fronterizo para el resto del mandato del presidente Donald Trump, con 69.5 mil millones de dólares hasta 2029 para desplegar inéditas tecnologías con Inteligencia Artificial para la vigilancia fronteriza, y para contratar agentes y operaciones de detención y deportación.
La Secure America Act, que avanzó a una votación final en la Cámara de Representantes esta semana, asigna tres mil 450 millones de dólares para la adquisición e integración de equipos de inspección no intrusiva, incluidas torres de vigilancia fronterizas siempre y cuando sean 'autónomas' para detectar el flujo de personas y cerrar el paso a los narcóticos ilícitos, incluido el fentanilo, en los puertos de entrada y en las fronteras suroeste, norte y marítimas.
El proyecto de ley define los sistemas 'autónomos' como diseñados “para aplicar Inteligencia Artificial, aprendizaje automático, visión computarizada u otros algoritmos para detectar, identificar, clasificar y rastrear con precisión elementos de interés en tiempo real, de modo que el sistema pueda realizar ajustes operativos sin la participación activa del personal ni mando o control humano continuo”.
El avance del proyecto de ley —con 52 votos republicanos a favor y 46 demócratas en contra-—, fue posible gracias a que la mayoría conservador recurrió al procedimiento de “reconciliación presupuesta”, lo que les permitió aprobar con mayoría simple y no los 60 votos reglamentarios, luego de un maratón parlamentario de votos y enmiendas hasta la madrugada del viernes, conocido como Vote-A-Rama.
“Nos vimos obligados a utilizar el proceso de reconciliación porque los demócratas se opusieron, durante el proceso de asignación de fondos, a destinar dinero a la Patrulla Fronteriza y al ICE, lo que en la práctica paralizó nuestra seguridad fronteriza en un momento de crecientes amenazas para la nación”, sostuvo el senador republicano Lindsey Graham.
La votación se había atorado por el polémico plan del Departamento de Justicia para crear un fondo de 1.8 mil millones de dólares a víctimas del sistema judicial y sólo se calendarizó el voto hasta que el procurador general, Todd Blanche, se desistió de continuar la petición, la cual formalizó después ante los tribunales.
Aunque el presidente Donald Trump obtuvo la mayoría de los recursos solicitados, los senadores desecharon su petición adicional de mil millones de dólares para la seguridad del próximo salón de baile de la Casa Blanca.
Apuesta tecnológica
La Secure America Act fortalece a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) com la asignación de 13 mil 020 millones de dólares para contratar, pagar, capacitar y equipar agentes y personal de apoyo con el fin de realizar actividades de aplicación de leyes migratorias.
A eso se suma otra partida de nueve mil 550 millones de dólares para agentes de la Patrulla Fronteriza y personal de apoyo, aunque esa sección especifica que esos recursos son para funciones distintas de la aplicación migratoria y aduanera.
Pero la gran apuesta de la ley es tecnológica. El proyecto de ley asigna tres mil 450 millones de dólares a seguridad fronteriza, tecnología e inspección.
- La adquisición e integración de nuevos equipos de inspección no intrusiva y obras civiles relacionadas, incluyendo inteligencia artificial, aprendizaje automático y otras tecnologías innovadoras, así como otro apoyo a la misión, para combatir la entrada o salida de narcóticos ilícitos en los puertos de entrada y a lo largo de las fronteras suroeste, norte y marítimas.
- La modernización y adquisición de nuevas plataformas para operaciones aéreas y marítimas con el fin de fortalecer capacidades de respuesta rápida en mar y aire.
- La modernización y adquisición de tecnologías de vigilancia fronteriza a lo largo de las fronteras suroeste, norte y marítimas.
- Gastos necesarios, incluida la implementación de tecnología, relacionados con el sistema biométrico de entrada y salida establecido bajo la sección 7208 de la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004.
- El fortalecimiento de la seguridad fronteriza mediante la lucha contra el tráfico de drogas, incluido el fentanilo y sus precursores químicos, en las fronteras suroeste, norte y marítimas.
- Gastos necesarios para el apoyo de la misión, operaciones y mantenimiento de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para funciones distintas de aquellas relacionadas con sus misiones de aplicación de leyes migratorias y aduaneras.
Restricciones
Pero el proyecto de ley establece una restricción explícita:
“Ninguno de los fondos puestos a disposición… podrá utilizarse para la adquisición o despliegue de torres de vigilancia a lo largo de las fronteras suroeste y norte que no hayan sido probadas y aceptadas por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza para ofrecer capacidades ‘autónomas’”.
Bajo el proyecto de ley, el término 'autónomo' se refiere a un sistema que emplear Inteligencia Artificial, aprendizaje automático, visión por computadora u otros algoritmos con el fin de detectar, identificar, clasificar y rastrear con precisión elementos de interés en tiempo real, sin intervención activa del personal ni supervisión humana continua de mando o control.
Presupuesto para ICE
En materia migratoria el corazón de Secure America Act es el Título II que asigna 31 mil 075 millones de dólares al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para el año fiscal 2026, con fondos disponibles hasta el 30 de septiembre de 2029. Ese dinero está dirigido a contratar, pagar, capacitar y equipar personal de ICE, incluidos oficiales, agentes, investigadores, abogados y personal de apoyo, con el objetivo explícito de llevar a cabo actividades de aplicación de leyes migratorias.
La ley también financia los costos de transporte asociados con salidas o remociones de extranjeros, así como mantenimiento de instalaciones, flota vehicular y tecnología de información para sostener operaciones de detención y expulsión de toda la maquinaria logística detrás de los arrestos, traslados, procedimientos legales y deportaciones.
Una de las cláusulas del proyecto de ley reserva no menos de 350 millones de dólares para operaciones de ICE destinadas a arrestar a “ciertos migrantes indocumentados adultos” que hayan sido liberados y se encuentren en jurisdicciones que la ley considera no cooperantes.
La partida cubre fondos para transferencias de custodia, monitoreo de liberaciones, transporte y arrestos, así como para el manejo y emisión de detainers, que son solicitudes oficiales que el ICE envía a cárceles locales de condados o a la policía para que retengan a una persona hasta por 48 horas más para que los agentes tengan tiempo de asumir la custodia con el fin de iniciar un proceso de deportación.
En ese marco, la Secure America Act busca reforzar la cooperación entre ICE y autoridades estatales o locales mediante la expansión de los acuerdos 287(g), un mecanismo que permite a ciertas agencias locales participar en funciones migratorias bajo coordinación federal.
El proyecto incluye una restricción: los fondos asignados no podrán usarse, salvo que la ley vigente lo exija, para liberar, conceder parole (libertad bajo palabra), colocar en alternativas a la detención, transportar con fines de liberación o facilitar la liberación comunitaria de los migrantes.
Opiniones encontradas
Para sus defensores, esto significa ampliar la capacidad operativa de ICE a fin de continuar durante el resto del mandato del presidente Donald Trump con las políticas que han permitido sellar la frontera con México al ingreso de indocumentados.
“En un momento crítico para la seguridad nacional este proyecto de ley frena los intentos de los demócratas de recortar los fondos para la seguridad fronteriza y consolida el mínimo histórico de cruces fronterizos alcanzado durante la administración Trump”. sostuvo la senadora republicana de Nebraska Deb Fisher.
En contraste, la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) fustigó el presupuesto para ICE y pidió rechazarlo en la Cámara de Representantes.
“En lugar de aprobar reformas de sentido común para frenar los abusos del ICE o financiar programas que realmente ayuden a las familias estadunidenses, el Senado opta por añadir 70 mil millones de dólares al presupuesto —ya de por sí excesivo— del ICE y de la Patrulla Fronteriza”, señaló Kate Voigt, asesora jurídica principal de políticas de la ACLI
“Que no quepa duda: votar a favor de más fondos para el ICE y la Patrulla Fronteriza es votar por priorizar la cruel agenda de deportaciones masivas del presidente (Donald) Trump”, remató.
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