La Administración Trump dará pie al florecimiento sin precedentes de un puñado de prisiones privadas que tendrán a su cargo la reclusión masiva de indocumentados, con la entrada en vigor de su “gran y bello” mega paquete fiscal, cortesía de una asignación de 45 mil millones de dólares del presupuesto de la Agencia de Inmigración y Control Aduanal (ICE).
Geo Group y Core Civic, la primera y segunda más grandes empresas de reclusión privada de Estados Unidos con más de 150 mil espacios de detención en más de 150 instalaciones de forma combinada, serán las principales empresas beneficiadas del “boom” de reclusión migratoria y ya registran alzas significativas en su cotización en Wall Street.
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¿Cómo se involucraron las empresas?
En total, las dos empresas, sus filiales y ejecutivos, donaron casi 2.8 millones de dólares a la campaña electoral de Trump en 2024 y al fondo para los festejos de su toma de posesión, el pasado 20 de enero, de acuerdo con un análisis de la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington (CREW) con base en datos de la Comisión Federal Electoral (FEC, en inglés).
Sólo dos días después de las elecciones presidenciales ganadas por Donald Trump, el presidente ejecutivo de Geo Group, George Zoley, ya anticipaba la bonanza económica para la empresa, de cumplirse la promesa del próximo Presidente de poner en marcha la más ambiciosa operación de detenciones y deportaciones masivas en la historia de Estados Unidos.
“El Grupo Geo se creó para este momento único en la historia de nuestra empresa y nuestro país, y para las oportunidades que traerá consigo. Agradecemos a nuestros accionistas y damos la bienvenida a los nuevos en este camino”, comentó en la reunión de accionistas de la empresa para presentar los resultados del tercer trimestre de 2024 y proyecciones futuras.
Zoley presumió que “Geo es el mayor contratista del ICE”.
“Con casi cuatro décadas de colaboración, proporciona aproximadamente el 40 por ciento de las camas seguras del ICE. Estamos bien posicionados para ampliar nuestra red de residencias de cuidados seguros de las 13 mil 500 camas actuales a más de 31 mil. Podemos ampliar la cobertura de los 182 mil 500 participantes actuales a varios cientos de miles o incluso millones”, sostuvo.
Para Damon T. Hininger, director ejecutivo de Core Civic, que administra más de 65 centros penitenciarios y de detención estatales y federales con una capacidad de más de 76 mil camas en 19 estados y el Distrito de Columbia, la perspectiva fue igualmente halagüeña.
“Estamos entrando en un período en el que se espera que nuestros socios gubernamentales, en particular los del gobierno federal, tengan una mayor demanda. Anticipamos una sólida actividad de contratación durante 2025 que contribuirá a satisfacer sus crecientes necesidades”, informó en marzo pasado a sus accionistas.
Pero ninguna de las dos empresas tuvo necesidad de esperar a la aprobación del “grande y bello” mega paquete.
En febrero pasado, un mes después del inicio del nuevo gobierno, ICE adjudicó a Geo Group un contrato de 15 años por mil millones de dólares para detener hasta mil inmigrantes en un centro de reclusión en Delaney, Nueva Jersey, como parte del plan maestro para la iniciativa de deportaciones inéditas.
"Es el primer centro de detención en abrir bajo la nueva administración. Su ubicación cerca de un aeropuerto internacional agiliza la logística y facilita el procesamiento oportuno de las personas bajo nuestra custodia, mientras cumplimos con el mandato del presidente Trump de arrestar, detener y expulsar a los inmigrantes indocumentados de nuestras comunidades", declaró el director interino de ICE, Caleb Vitello.
Con la infusión de recursos, Geo espera activar todas sus instalaciones inactivas en el país para finales de año a fin de cumplir con las metas de detenciones y deportaciones de la administración de Trump.
Las prisiones están bajo lupa
Pero el boom del negocio de los centros privados de detención migratoria se produce en momentos que han sido renovados ante quejas de organizaciones defensoras de migrantes sobre condiciones infrahumanas en las que se mantiene a los inmigrantes que esperan su turno para ser deportados.
El centro de detención de Delaney, manejado por Geo, es el epicentro de las preocupaciones de activistas respecto a los centros de detención privados. En mayo el alcalde demócrata de Newark, Ras Baraka, fue arrestado y acusado de allanamiento tras intentar visitar las instalaciones. Intentó inspeccionar la propiedad junto con una delegación demócrata del Congreso.
Un mes después, el mismo centro de detención fue escenario de un incidente que resultó en la fuga de cuatro indocumentados: el hondureño Franklin Norberto Bautista Reyes, de 20 años; los colombianos Joan Sebastian Castañeda Lozada, de 18 años, y Andrés Felipe Pineda Mogollón, de 25 años, y Joel Enrique Sandoval-López, de 22 años, de Honduras.
Abogados y familiares de varios de los migrantes detenidos en Delaney dijeron a la prensa local que los detenidos se habían amotinado debido a la calidad y a la disponibilidad de las comidas servidas por el centro privado de detención.
Bajo directrices federales, los migrantes arrestados deben recibir una dieta nutricionalmente equilibrada, revisada periódicamente. Los estándares del ICE indican una ingesta calórica diaria de dos mil 400 a dos mil 600 calorías. Deben recibir tres comidas al día, de las cuales al menos dos suelen ser calientes. No deben transcurrir más de 14 horas entre la cena y el desayuno.
¿Qué opinan los demócratas?
“Las condiciones en el centro de detención del ICE en Delaney Hall en Newark son insostenibles”, denunció Cory Booker, senador demócrata de Nueva Jersey.
“Con graves fallas de seguridad, numerosos informes de maltrato a detenidos por parte del personal, quejas de persistente escasez de alimentos y una preocupante falta de transparencia por parte de los administradores del centro, es evidente que Geo Group ha demostrado que no puede, o no quiere, operar Delaney Hall de forma humana y segura”, remató.
Booker se ha quejado por mucho tiempo de los centros de detención de inmigrantes de propiedad y gestión privada. Están sumidos en un abuso y negligencia desenfrenados hacia quienes están a su cargo. Después de gastar millones de dólares en mejoras, "sigue siendo un lugar de horror”, declaró tras el incidente.
Para organizaciones como Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, los contratos a empresas como Geo Group parecen validar esas polémicas prácticas.
“Con la aprobación del proyecto de ley de presupuesto que asigna 45 mil millones para aumentar el espacio de detención de ICE, el Congreso ahora le ha dado a este enfoque cuestionable su sello de aprobación”, lamentó.
MD
