El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) solicitó este viernes 17 de julio una investigación autónoma sobre las presuntas torturas infligidas contra presos políticos en la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda.
La organización venezolana informó que mantuvieron una reunión con el ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García, quien desestimó la gravedad de los hechos reportados.
Denuncian hostigamiento institucional
"Lejos de constituir un espacio para escuchar a las víctimas, esclarecer los hechos o adoptar medidas urgentes de protección, la reunión estuvo marcada por la negación de las denuncias, la descalificación de quienes las formularon y de las organizaciones que las acompañan", indicó la organización en un comunicado publicado en X.
El comité sostuvo que es grave la transmisión de mensajes orientados a desalentar las denuncias, desacreditar la documentación independiente y atribuir las consecuencias de la situación a quienes ejercen su derecho a exigir justicia, en lugar de ofrecer garantías para la protección de las víctimas y los testigos.
La organización interpretó la respuesta institucional como un patrón denunciado reiteradamente.
"Es claro que la prioridad de las autoridades no ha sido investigar, ni proteger a las víctimas o garantizar la rendición de cuentas, sino cuestionar la credibilidad de quienes denuncian y trasladar la responsabilidad hacia los propios familiares y organizaciones de derechos humanos".
Ante esta situación, el Clippve exigió una investigación independiente, imparcial y efectiva sobre las denuncias de torturas contra presos políticos en Rodeo I, con participación de mecanismos internacionales competentes.
También solicitó la destitución del ministro del Servicio Penitenciario y de "todos los funcionarios responsables de esta actuación por incumplir su deber de proteger los derechos de las personas privadas de libertad y revictimizar a sus familiares".
Igualmente, pidió el ingreso inmediato de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la Cruz Roja Internacional a los centros de reclusión para realizar una evaluación independiente de las condiciones de detención.
Secuelas de la crisis sísmica
La semana pasada, la organización denunció que detenidos en la prisión de Rodeo I, cerca de Caracas, fueron "golpeados, heridos con perdigones y asfixiados con gas lacrimógeno" para presionarlos a volver a sus celdas luego de pasar días en el patio tras los terremotos del 24 de junio.
Familiares de los presos políticos en Venezuela señalaron a EFE cómo las autoridades los han abandonado tras los sismos, lo que se refleja en el deterioro de la alimentación y la falta de atención de algunas de las estructuras que sufrieron daños por el desastre.
Hasta el momento, el Ejecutivo venezolano no ha dado un balance oficial sobre la situación de los detenidos y de las cárceles tras los terremotos que ya dejan más de 5 mil muertos.
LGG
