Ohio presentó una demanda contra la empresa ferrocarrilera Norfolk Southern para asegurarse de que pague la limpieza y el daño ambiental causado por el descarrilamiento de un tren que contenía materiales tóxicos y altamente cancerígenos.
El fiscal general del estado detalló que la demanda federal busca obligar a la compañía a pagar por el monitoreo del suelo y las aguas subterráneas en los próximos años así como las pérdidas económicas en la aldea de East Palestine y las áreas circundantes.
“Las consecuencias de este accidente altamente prevenible repercutirán en todo Ohio durante muchos años”, dijo el fiscal general de Ohio, Dave Yost.
Pese a que nadie resultó herido en el descarrilamiento del 3 de febrero, aproximadamente 5 mil residentes del poblado tuvieron que evacuar durante días cuando los socorristas quemaron intencionalmente químicos tóxicos en algunos de los autos descarrilados para evitar una explosión incontrolada.
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Mientras las autoridades realizaban este procedimiento los residentes presentaban problemas de salud persistentes como tos, irritabilidad en los ojos y dolores de cabeza.
Sin embargo, los funcionarios del gobierno dicen que las pruebas realizadas durante el último mes no han encontrado niveles peligrosos de productos químicos en el aire o el agua en el área.
El director ejecutivo de Norfolk Southern, Alan Shaw, se disculpó ante el Congreso la semana pasada por el impacto que el descarrilamiento ha tenido en el área, pero no se comprometió específicamente a pagar los daños económicos y de salud a largo plazo.
Hasta ahora, la empresa ha prometido más de 20 millones de dólares hasta ahora para ayudar a la comunidad de Ohio a recuperarse y también ha anunciado varias mejoras de seguridad voluntarias .
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Norfolk Southern dijo el martes, en respuesta a la demanda, que estaba escuchando las preocupaciones de la comunidad y planeando tomar medidas adicionales para lidiar con algunas de ellas.
Entre otras medidas, la empresa trabaja en la creación de un fondo de compensación médica a largo plazo que brindaría protección a los vendedores de viviendas si su propiedad pierde valor debido al descarrilamiento y mejorar las protecciones de agua potable.
aag
