El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, publicado por Transparency International, confirma que la corrupción sigue siendo un obstáculo estructural en las Américas.
Con un promedio regional de apenas 42 puntos sobre 100, la región muestra un estancamiento preocupante en la lucha contra este fenómeno.
¿Qué lugar ocupa México?
México obtuvo 27 puntos, ubicándose en la parte baja del ranking y compartiendo escenario con países como Brasil (35) y Colombia (37), donde la corrupción ha permitido la infiltración del crimen organizado en la política y ha fomentado la impunidad.
Esta situación, advierte el informe: "erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y alimenta la violencia que afecta la vida cotidiana".
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Las mejores puntuaciones
En contraste, Uruguay (73) y Costa Rica (56) se mantienen como referentes de democracia sólida en América Latina, aunque también enfrentan el impacto de la corrupción vinculada al crimen organizado.
Canadá (75) y Barbados (68) lideran la región con las mejores puntuaciones, reflejando instituciones más fuertes y sistemas de control más efectivos.
Los índices más alarmantes
Los países con peor desempeño son Venezuela (10), Nicaragua (14) y Haití (16), donde la corrupción estructural y la represión política han debilitado las instituciones hasta niveles críticos.
En Venezuela, la corrupción generalizada ha disparado la pobreza y la desnutrición, dejando a millones de familias sin acceso a alimentos, agua y electricidad.
El informe también destaca casos específicos que muestran cómo la corrupción impacta directamente en la vida de las personas. En Perú (30), se investigan presuntos sobornos en programas de alimentación escolar que podrían haber puesto en riesgo la salud de niños.
En Argentina (36), las irregularidades en la gestión de fondos para medicamentos destinados a personas con discapacidad exponen a los sectores más vulnerables.
Transparency International advierte que la reducción del espacio cívico en países como El Salvador (32) y Ecuador (33) limita la capacidad de la sociedad civil y los medios independientes para supervisar al gobierno, debilitando aún más la rendición de cuentas.
La corrupción amenaza la democracia: México entre los países más vulnerables
Luciana Torchiaro, asesora regional para América Latina y el Caribe, enfatizó que la lucha contra la corrupción debe ser una prioridad en la agenda de los gobiernos.
“Proteger las libertades fundamentales, reforzar la transparencia en la contratación pública y garantizar un poder judicial independiente son pasos esenciales para mejorar la vida de las personas y aumentar la resiliencia frente al crimen organizado”, señaló.
En conclusión, el IPC 2025 refleja un panorama complejo, mientras algunos países muestran avances modestos, la mayoría enfrenta retrocesos que ponen en riesgo la democracia, la seguridad y los derechos humanos.
México, con su baja puntuación, se encuentra en una posición crítica que exige acciones contundentes para frenar la corrupción y recuperar la confianza ciudadana.
Huachicol fiscal y extorsión
En su análisis sobre los resultados del IPC, Transparencia Mexicana expuso que el fenómeno de la corrupción está cambiando, pues tan solo las cifras sobre huachicol fiscal representaron una pérdida fiscal de cerca de 610 mil millones de pesos en 2025, lo que equivale a 40 veces el valor económico del escándalo de Segalmex, del sexenio anterior.
“Enfrentar estas nuevas expresiones de corrupción con redes transnacionales de macrocriminalidad, exige fortalecer capacidades estatales, cooperación internacional y plantear como prioridad estratégica la protección de recursos públicos”, advirtió la organización.
Por otra parte, mencionó que la persistencia de la extorsión, especialmente entre sectores vulnerables, afecta la percepción que se tiene sobre la corrupción.
“Al menos 16 de cada 100 empresas reportaron haber sido víctimas de extorsión, de acuerdo con el INEGI y con fuentes del sector privado. Las más afectadas son las micro y pequeñas unidades económicas, que resienten especialmente los costos de las pérdidas ante el delito y de implementar medidas de protección”, describió.
“La población coloca a la extorsión entre los tres delitos más comunes que enfrenta en su vida cotidiana; mientras que 6 de cada 10 mexicanas y mexicanos fueron víctimas de corrupción o extorsión policial”, añadió.
La sanción inefectiva de la corrupción administrativa y penal es otro factor que identificó Transparencia Mexicana.
“En 7 de cada 100 casos de corrupción administrativa, hubo algún tipo de sanción impuesta por tribunales administrativos. En materia penal, continúa la impunidad en casos como Odebrecht, así como Pemex Agronitrogenados (la red encabezada por Lozoya). En otros, como la Estafa Maestra y Segalmex, han habido sentencias, pero acotadas a algunos casos individuales, sin desmantelar a las redes de corrupción”, explicó.
Finalmente, la ausencia de mecanismos para evitar la captura de la contratación pública por intereses ilícitos completa el menú de la percepción.
“México carece de mecanismos para la identificación, verificación efectiva y apertura de datos sobre beneficiarios controladores. A ello se suman la limitada calidad y estandarización de los datos de contratación pública, así como la interoperabilidad entre los sistemas de compras, los registros empresariales, fiscales y de sanciones”, detalló la organización.
CHZ
