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Luz verde a Rajoy para impugnar ante el TC resolución independentista

El Consejo de Estado apoyó hoy el recurso que el gobierno español interpondrá mañana ante el Tribunal Constitucional para paralizar la resolución del parlamento catalán que crea la "República de Cataluña" en 2017.

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La resolución independentista aprobada hace dos días por el Parlamento catalán para crear la “República de Cataluña” en 2017 quedará paralizada de facto mañana cuando el Tribunal Constitucional (TC) de España reciba el recurso que interpondrá el Gobierno conservador que encabeza Mariano Rajoy, que hoy recibió el apoyo del Consejo de Estado para llevar a cabo dicha medida.

Rajoy, presentará este miércoles el recurso ante el Tribunal Constitucional, para lo cual reunirá primero a su Consejo de Ministros y hoy lo hizo la Comisión de Secretarios de Estado y Subsecretarios, que elevó propuesta de recurso. Previamente, necesitaba tener el informe del órgano consultivo del Estado, aunque no está obligado a seguir sus indicaciones.

En el momento en que el Ejecutivo conservador interponga dicho recurso, la resolución independentista quedará paralizada de facto por ir en contra de la Constitución. Rajoy declaró que en el recurso de inconstitucionalidad solicitará, “por ser una prerrogativa del Gobierno”, la “inmediata suspensión” de esta iniciativa y “de todos sus posibles efectos”.

Además, el presidente dejó claro que pedirá al Constitucional que la suspensión de la declaración del Parlamento catalán sea comunicada “expresamente” a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, “para que tenga en cuenta que la iniciativa recurrida no tiene ningún valor y no puede tener ninguna consecuencia”.

El Ejecutivo del Partido Popular (PP, conservador) ya apuntó el pasado viernes a Forcadell como primera responsable política y jurídica de lo que ocurra a partir de la resolución independentista.

Hoy, en sesión extraordinaria, el Consejo de Estado dio la razón al Gobierno al considerar –por unanimidad- que “existen fundamentos jurídicos suficientes” para impugnar ante el Tribunal Constitucional la declaración soberanista, ya que, según destacó, la medida “implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución española” y “su declarada insumisión a las instituciones del Estado”.

De acuerdo al informe del organismo, se considera soberano al pueblo catalán y al Parlamento local, como expresión del poder constituyente. Se incumple así el propio Estatuto de Autonomía catalán, que en el artículo uno expresa que Cataluña es una Comunidad Autónoma y ostenta autonomía, no soberanía, así como la Constitución, que establece la soberanía del pueblo español (artículos 1 y 2).

Además, el informe desvela que el Gobierno tienen intención de que todos los implicados en esta “deriva” soberanista sean notificados personalmente por el Tribunal Constitucional. Con ello afianza la idea de que cualquiera que no lo cumpla incurrirá en un delito de desobediencia. En total se citaran a 21 personas.

El gobierno de Rajoy Brey quiere que la suspensión sea notificada personalmente a todas las autoridades que han intervenido en este proceso desde Carme Forcadell, pasando por el presidente catalán en funciones, Artur Mas, a todos los miembros de la mesa del Parlamento local, al Consejo de Gobierno, y a todos los consejeros del gobierno catalán.

También se conoció que la Fiscalía de la Audiencia Nacional dictó una orden en la que solicita a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que le informen de todos los delitos que se puedan cometer a partir de la invalidez del TC a la resolución independentista.

En caso de desobediencia

Por lo pronto, los once miembros del Tribunal Constitucional están a la espera de que el Gobierno presente el recurso para reunirse en pleno y dictar una providencia en la que suspenderán los actos, contenido y resultado del debate del lunes.

Se trata de un acto automático, al que le obliga la ley, por el que los jueces admiten a trámite la impugnación del Ejecutivo y suspenden durante los próximos cinco meses.

El tribunal dictará su orden y la notificará al Gobierno de Cataluña, al Parlamento local y a la fiscalía para que hagan alegaciones, pero éstas no suspenden la ejecución de la medida.

Si en el futuro el Parlamento de Cataluña, el Gobierno autonómico o cualquier otra autoridad o particular desobedecen la suspensión, el tribunal podría aplicar la reciente Ley Orgánica del TC, que le permite imponer multas de hasta treinta mil euros o la suspensión de la autoridad que desobedezca.

Cualquier tipo de desobediencia a la resolución dictada por el Constitucional puede ser perseguida por la vía penal. Ahí entra en juego la fiscalía que puede presentar querellas individuales contra las personas que cometan el delito.

Según informaron hoy medios españoles, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó la semana pasada a las fuerzas de seguridad del Estado y a la Policía catalana -Mossos d'Esquadra- que actúen si en el marco del proceso independentista catalán se produjera un delito de sedición.

En la instrucción, el fiscal jefe del tribunal español advierte de que la desobediencia "por cualquier autoridad o funcionario público" podría constituir un delito de sedición, pero también de prevaricación, entre otros.

De otro lado, el presidente en funciones de Cataluña y candidato a la reelección, Artur Mas, encajó la negativa por segunda vez de la Candidatura de Unidad Popular (CUP, ultraizquierda) a investirle en el cargo pero replicó que no tiene intención de retirar su candidatura aunque así se lo pide este partido que, de la mano de Juntos por el Sí (independentista), cuentan con la mayoría en el parlamento local.

Rajoy se reunió con Sánchez

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, y líder del principal partido de oposición del país, Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, acordaron responder “unidos” ante el desafío independentista en Cataluña y mostraron su confianza en que el Parlamento catalán acate la decisión que adopte el Tribunal Constitucional sobre la resolución independentista, de manera que no haya que recurrir a otras medidas, como la aplicación del 155 de la Constitución, es decir, la suspensión de la autonomía a dicha región.

Los dos líderes políticos se reunieron ayer de forma extraordinaria en la casa presidencial de La Moncloa, allí Sánchez reiteró su apoyo a Rajoy en su decisión de recurrir esa declaración ante el Constitucional.

“Entendemos que, ante el desafío secesionista al orden constitucional y la legalidad democrática, el Estado tiene no sólo el derecho sino el deber de articular todas las medidas necesarias”, expresó el socialista.

Sin embargo, Sánchez no quiso “adelantar acontecimientos” sobre la posibilidad de que no se acate la resolución del Alto Tribunal y no precisó si apoyaría al Gobierno en el hipotético caso de que tuviera que adoptar otras medidas adicionales al recurso ante el TC.



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