El gobierno del presidente Daniel Ortega liberó el martes a decenas de jóvenes detenidos y levantó el bloqueo a un canal censurado, en un intento por contener la peor crisis en sus más de once años de mandato que dejó 27 muertos en menos de una semana, según cifras no oficiales.
El gobierno estadunidense condenó en un comunicado emitido por la Casa Blanca “la repugnante violencia política por parte de la Policía y de matones progubernamentales contra el pueblo de Nicaragua, particularmente estudiantes universitarios, (que) ha golpeado a la comunidad internacional democrática”.
Mientras, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, instó en Ginebra “a las autoridades nicaragüenses a asegurar que haya investigaciones prontas, profundas, independientes y transparentes de estas muertes”, muchas de la cuales pudieron haber sido “ilegales”.
La Policía de Nicaragua confirmó que dejó en libertad a los detenidos durante protestas en seis ciudades del país contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, informó el portal oficial “El 19”.
Extraoficialmente se reporta también casi una treintena de muertos y decenas de heridos en las protestas, en su mayoría jóvenes. Dos policías y un periodista están entre los fallecidos.
El canal 15 (“100 por ciento Noticias”), cuya señal de cable permanecía bloqueada, volvió al aire ayer tras seis días de censura oficial, informó la televisora.
El segundo jefe policial, comisionado Francisco Díaz, dijo en rueda de prensa que los detenidos fueron entregados “a sus familiares y a comisiones de sacerdotes católicos”, sin precisar la cifra ni su identidad.
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) exigió al gobierno revelar la lista de excarcelados. La abogada Vilma Núñez, presidenta del Cenidh, dijo a la DPA que durante las protestas recibió denuncias de al menos 150 detenciones por parte de la policía, de las que pudo confirmar 48.
Según el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Marcos Carmona, más de 200 personas siguen arrestadas en Managua y otras 60 están desaparecidas.
La tv local entrevistó a algunos jóvenes excarcelados que dijeron haber sido abandonados por la policía en las carreteras, descalzos, con el cabello rapado, tras ser despojados de todas sus pertenencias.
Líderes estudiantiles afirman que seguirán protestando pese a la derogación de la reforma, “hasta que Ortega se vaya”, ya que consideran que mantiene una “dictadura familiar”, que se ha reelegido con fraudes y no permite las libertades.
CIDH TAMBIÉN REPUDIA LA VIOLENCIA
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó en Washington las muertes en la última semana en Nicaragua. “La represión directa a los manifestantes o la detención arbitraria es incompatible con el derecho de manifestar su opinión pacíficamente”, afirmó en un comunicado el organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El conflicto estalló el martes 17 de abril por una reforma al Seguro Social que aumentaba las cuotas de unos 700 mil empleados del sector formal y empresarios, y que fue derogada por el presidente Daniel Ortega el domingo ante las protestas. Pero el lunes volvieron a salir a las calles miles de personas para exigir a Ortega el cese de la represión y el fin de la censura impuesta a la prensa independiente.
La CIDH llamó al gobierno de Ortega, en el poder desde hace 11 años, a garantizar un “estricto apego” a los principios de legalidad, excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad en el uso de la fuerza, y a investigar sin dilación la conducta policial e imponer sanciones a los responsables.
